En el centro de Medellín, en medio de las sombras de la noche, camina el drama de numerosas niñas, entre los 11 y 14 años, que tambalean drogadas, entre la explotación sexual comercial, las enfermedades y la delincuencia.
La tristeza que reflejan sus rostros y ojos apagados, la ocultan entre un maquillaje barato, mal echado; el brillo de la mirella; los piercing enganchados en sus cejas, labios, orejas, lengua y ombligo, y su pelo engominado.
Vestidas como adultas, con tacones, bluyines apretados, shorts o minifaldas, y escotes que dejan ver, como gran vitrina para los abusadores, sus cuerpos aún sin desarrollo, se camuflan entre la luz mortecina del alumbrado público y las marquesinas de viejos edificios.
En vez de muñecas en sus manos llevan siempre una bolsa plástica negra impregnada del pegante llamado sacol.
Causas
Según estudios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el país existen varios factores que favorecen la explotación sexual comercial de niños como son los familiares (maltrato físico y sicológico, abuso sexual, desintegración y disfunción familiar, abandono, hacinamiento, presión económica y padres o cuidadores que ejercen la prostitución) y socioculturales (consumismo, trabajo infantil, deserción escolar, mendicidad, influencia negativa de pares, influencia de medios de comunicación y vivir en zonas de prostitución y de conflicto armado).
En Medellín, hablar con las víctimas de esta explotación sexual no es fácil, ya que por lo general son asediadas por individuos que dicen protegerlas o ser sus compañeros. En muchos casos ellos mismos terminan asaltando a los posibles clientes.
En una esquina céntrica de la ciudad una de esas niñas, quien dijo que en junio de este año será quinceañera, contó su historia.
Aseguró que tiene papá y mamá, pero que trabaja para ayudarles. «Me inicié en la vida sexual a los 13 años, cuando tuve relaciones con un novio. Luego conocí a una amiga quien me trajo para el Centro, porque aquí iba a ganar dinero y desde 2010 trabajo todas las noches y sólo descanso los domingos», contó.
Estudió hasta cuarto de primaria, porque le cogió odio a la escuela, aunque le gustaría ser presentadora de televisión. Tampoco quiere volver a un internado como al que la llevaron un día en que hubo una redada, pero reconoce que allí le explicaron los peligros del Sida, la tuberculosis y otras enfermedades contagiosas. No le gustaron las normas y huyó.
A una pregunta sobre los peligros que corre, se alzó la blusa y mostró una cicatriz en la espalda, producto de un navajazo que le propinó una prostituta adulta.
Le ofusca, confesó, que algunos clientes, generalmente embriagados o drogados, rasgan el preservativo para hacerle trampa.
En cuanto a los controles de las autoridades a residencias, indicó que sí hay sitios donde no las permiten, por su condición de menores de edad, y otros donde no tienen restricciones y en los cuales, incluso, les reconocen una propina por llevarles el cliente.
Del sacol dijo que lo inhala para tener valentía y enfrentar a quien intente agredirla y para mitigar la repugnancia que le da estar con una gran cantidad de tipos por los que no siente nada y que, por lo general, huelen mal.
A pesar de que estas menores se exhiben públicamente, a muy pocas personas les preocupa su suerte.
Incluso, la misma Policía que vigila el corazón de Medellín se ve impotente para poner en cintura a los abusadores y proxenetas, porque las niñas no los denuncian o aducen que son sus «maridos». Entonces su control se limita a retirarlas de sitios de interés turístico como los parques.
Consultados algunos agentes sobre esta problemática aseguraron que sin pruebas están impedidos para aplicar la ley, porque si llevan a un implicado ante un juez, el proceso se cae ya que las menores nunca denuncian y las capturas en flagrancia son muy difíciles. Además las pequeñas no tienen idea de que contra ellas se está cometiendo un delito.
En cuanto a la aplicación de la ley, otra opinión tiene uno de los fiscales del Centro de Investigación y Atención a Víctimas de Abuso Sexual, Caivas, que funciona en el sector de San Diego, en Medellín.
Aunque pidió el anonimato explicó que allí se conocen de oficio estos delitos y de toda clase de atropellos contra menores, incluso, las denuncias se pueden hacer anónimamente, porque cualquier ciudadano, con una información fidedigna, exacta y confiable, puede hacerles restablecer los derechos vulnerados a estas niñas, tal como lo establece la Ley 1098, de 2006, Código de Infancia y Adolescencia.
Entre las leyes con las que cuenta el país para devolverles los derechos vulnerados a los niños y los adolescentes, este funcionario resaltó los artículos del 213A al 219B del Código Penal, modificados por la Ley 1236, de 2008, el mismo Código de Infancia y Adolescencia, y las Leyes 1329 y 1336 de 2009, que endurecen las penas a los abusadores de menores de 14 años y no permiten rebajas, así el implicado se allane a cargos.
El fiscal enfatizó en el artículo 9 de la Ley 1336 que establece la extinción de dominio a los negocios que son utilizados para esta explotación.
Reconoció que el silencio de las víctimas y de sus padres dificulta la investigación, pero cuando la ciudadanía se decide a colaborar se acaba la impunidad y recordó que hace dos años, una mujer de avanzada edad, fue condenada a 19 años de prisión, porque fue arrestada, en las afueras de la Terminal del Norte, reclutando niñas entre los 12 y 16 años para explotarlas sexualmente en municipios del Bajo Cauca.
El funcionario judicial agregó que en Medellín también han detectado varias redes de proxenetas que inducen a niñas escolares a la prostitución por medio del sistema prepago y a la trata de personas. Sin embargo, las investigaciones no prosperan por falta de denuncias, ya que los mismos padres consideran que las niñas están trabajando para ayudarles, incluso a conseguir carros y casas. O, lo que es más delicado, no dicen nada, porque son amenazados por estas redes.
Por explotación sexual comercial a menores de edad ingresaron al Caivas en 2011, 10 denuncias, frente a 7 de 2010. De los 10 casos de 2011, ninguna niña acudió a ser atendida por los defensores de familia del ICBF que allí funciona. Las investigaciones no prosperaron.
En la oficina del ICBF Medellín se presentaron 58 denuncias, frente a 40 de 2010.
En lo que va corrido de 2012 en la Oficina de Atención al Ciudadano del ICBF se han conocido en el país, 1.123 denuncias asociadas con violaciones sexuales hacia esta población.
Para estas denuncias, el Centro Caivas habilitó el correo, denunciémoselabusosexual@fiscalia.gov.co y las líneas 385 26 00 extensiones 7711 y 7746, más la gratuita del ICBF 01 8000 11 24.
Medidas
La sicóloga de la Secretaría de Bienestar Social de Medellín, Elsa Nidia Toro , dijo que de las nueve unidades móviles que se conformaron para una atención integral de la Infancia y Adolescencia, dos se dedicaron a combatir el abuso y la explotación sexual por lo que con educadores y sicólogos recorren todas las noches en centro de Medellín. De igual manera estas dos unidades integraron, en 2011, una mesa de trabajo para la atención y prevención de la explotación sexual comercial infantil y adolescente, conformada, además por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; la Gerencia del Centro; Secretaría de Salud y Metrosalud; la Facultad de Salud Pública de la U. de A. y varias Ong.
El primer trabajo que realizó este equipo fue ubicar los lugares donde se presenta la explotación sexual contra niños y niñas y encontró que unas 154 menores hasta los 17 años son explotadas en diversos sectores del Centro. De ellas el 6 por ciento está entre los 10 y 12 años. También encontró 12 niños en esta situación, dos de ellos de 12 años.
En desarrollo de este trabajo varios menores fueron llevados al Centro de Diagnóstico y Derivación, ubicado en el barrio Robledo, para iniciar con ellos un proceso de reincorporación a la sociedad, pero como estar allí no es obligatorio, muchos desertaron y volvieron a las calles, en su mayoría acosados por las drogas, y porque, a pesar de su edad, algunas niñas son madres y necesitaban salir a «trabajar» para sostener a sus bebés.
La sicóloga Elsa Nidia Toro dijo en este sentido que en la actualidad en Robledo atienden 17 niñas explotadas sexualmente que están esperando bebé y de ellas 10 serán madres por segunda vez.
Por su parte una de las educadores que integra una de las dos unidades móviles de Bienestar Social contó que encontraron algunas menores afectadas por el virus del VIH Sida y tuberculosis.
John Albeiro Castañeda , experto en Infancia y Adolescencia de la Personería de Medellín, quien también integró la mesa comentó que detectaron a conductores de carros de alta gama que contrataron a niñas desde los 10 años, para someterlas a orgías en lujosos apartamentos.
La trabajadora social Blasina Hurtado , del grupo de prevención del Icbf en Antioquia dijo que para atacar esta violación a los derechos de los menores no son suficientes las leyes ni la represión. Añadió, «hay que plantear una estrategia de prevención y de educación. Ofrecerles otras alternativas de vida en instituciones y hogares de paso que apliquen metodologías innovadoras».
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