Por principio humano general nunca debemos aceptar un asesinato es mejor evitarlo; aunque quedemos como un tonto o cobarde; pues al final quien realice dicho asesinato va a arruinar su propia vida y la de su familia. Por otro lado, en casos de pleitos de parejas se debe evitar llegar a estas situaciones extremas. Veamos este caso: (*)
Kason Parker, de 35 años, de Albany (NewYork), se declaró culpable de asesinato en segundo grado en el Tribunal del Condado de Suffolk el lunes 1 de mayo 2023, por matar a su ex novia Meghan Kiefer en octubre de 2021.
Kiefer, de 27 años, había regresado a su casa de Coram con una amiga el 23 de octubre de 2021 para recoger una tarjeta de crédito de Parker para que los dos pudieran ir de compras juntos.
Aunque ya no estaban en una relación, Parker se había quedado con Keifer en su casa.
Cuando llegaron las mujeres, Kiefer entró mientras su amiga se quedaba en el auto, donde presenció a Kiefer y Parker discutiendo.
Kiefer estaba intentando volver al auto cuando Parker la alejó y comenzó a apuñalarla varias veces con un cuchillo, según los fiscales.
Luego amenazó a la amiga cuando ella intentó prestar ayuda antes de subir a su auto y huir de la escena.
La amiga de Kiefer llamó al 911 e identificó al sospechoso como Parker. Ella también les dio a los despachadores su número de placa y una descripción del vehículo.
Mientras estaba en la ambulancia camino al Hospital de la Universidad de Stony Brook, Kiefer sufrió un paro cardíaco y fue declarada muerta a los pocos minutos de llegar al hospital, dijeron los fiscales.
La habían apuñalado 54 veces en su cara, cuello, cabeza y torso, determinaron los investigadores. También tenía heridas defensivas en sus manos.
Parker fue arrestado al día siguiente antes que huya a Carolina del Norte.
Los detectives lo encontraron en un autobús con destino a Carolina del Norte desde la ciudad de Nueva York, dijeron los fiscales. En ese momento, tenía un vendaje en la mano derecha, junto con una bolsa de suministros médicos.
Los investigadores luego recuperaron su vehículo, que había sido abandonado en la granja familiar de Schmitt en Dix Hills.
En el interior, encontraron una «tremenda cantidad» de evidencia física que lo vinculaba al asesinato de Kiefer, incluida la ropa que daba positiva a su sangre, según los fiscales.
También encontraron imágenes de video en una cámara de tablero que mostraba a Parker huyendo de la escena del creciente y luego confesando el crimen.
El lunes, Parker entró en el cargo de asesinato en segundo grado el primer día de su juicio. Tres testigos ya habían testificado, incluido un cirujano que relató cómo trató de salvar la vida de Kiefer.
«Este acusado no mostró piedad en el brutal y sin sentido asesinato de la víctima, Meghan Kiefer», dijo el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado.
«El acusado decidió declararse culpable en lugar de ir a juicio una vez que se enfrentó a la corte con las pruebas irrefutables en este caso reunidas por el Departamento de Policía del Condado de Suffolk», continuó.
«Esta súplica no devolverá a la Sra. Kiefer a su familia, pero con suerte, proporcionará una pequeña medida de cierre para todos aquellos que la amaron».
Parker ahora enfrenta de 25 años a cadena perpetua cuando sea sentenciado este miércoles 31 de mayo del 2023.
Más de 6000 personas han recibido disparos mortales en los EE. UU. en lo que va del año, según el Archivo de Violencia Armada. Si bien muchos legisladores debaten varias soluciones (restricciones a las armas de fuego, mayor financiamiento para la salud mental, inversión para los jóvenes), ABC News habló recientemente con líderes comunitarios en Omaha, Nebraska, donde los funcionarios han visto una disminución constante en la violencia armada reportada en los últimos 15 años.. (*)
La policía y los defensores atribuyen parte de eso a Omaha 360, una iniciativa iniciada en 2009 por Empowerment Network que involucra a organizaciones sin fines de lucro, asociaciones de vecinos, iglesias y fuerzas del orden público locales. «Realmente ayudó a generar mucha confianza entre la policía y la comunidad y solo entre estas diversas organizaciones», dijo Scott Gray, subjefe del Departamento de Policía de Omaha, a ABC News.«Empowerment Network es el centro, porque reúne a todas estas organizaciones diferentes que, por sí mismas, tienden a no mantenerse conectadas y ser más efectivas«.
El número de víctimas de disparos reportadas en Omaha, que solo incluye a las personas que sobrevivieron, se redujo de 246 en 2009 a 121 en 2022, con el mínimo de 90 víctimas en 2017, según datos del Departamento de Policía de Omaha. Los incidentes de disparos en toda la ciudad que involucraron a un individuo o grupo en ese mismo tiempo se redujeron de 191 a 90, con el más bajo de 77 incidentes en 2018. (Un incidente puede incluir múltiples víctimas). Y las tasas de resolución de homicidios fueron del 87 % en 2022.
La Policía de Omaha El Departamento sigue la definición del FBI de un caso aclarado, que es por arresto o por medios excepcionales, como la muerte de un sospechoso conocido. En general, los homicidios en Omaha también han disminuido en los últimos 15 años, según datos del departamento de policía. Esas estadísticas, que no delinean diferentes tipos de homicidios, muestran que el promedio anual de homicidios se redujo de aproximadamente 38 entre 2007 y 2012 a aproximadamente 28 entre 2017 y 2022.
La estrategia de Omaha 360 es «servicios de colaboración, prevención, intervención, cumplimiento, reingreso y apoyo», dijo Willie Barney, director ejecutivo y fundador de Empowerment Network. Barney dijo que el programa comenzó como una pequeña iniciativa con siete personas, algunas de Empowerment Network y otras trabajando para la ciudad.
Inicialmente, hubo dudas entre algunos en el departamento de policía sobre si sería efectivo o no, dijo Gray: «Estábamos un poco escépticos de que algo de esto iba a funcionar o que estos serían programas que durarían». Pero Omaha 360 se convirtió en «el primer esfuerzo realmente concertado con mucho respaldo del PD para implementar algún tipo de acción sostenible en la ciudad», dijo. Ahora, lugares como Boston; chicago; Kansas City, Misuri; Pequeña Roca, Arkansas; Minneapolis y Tulsa, Oklahoma, están teniendo conversaciones iniciales sobre cómo sería un programa similar en sus ciudades, dijo Barney.
Omaha 360 se centra en abordar las amenazas inmediatas de violencia armada, así como los problemas subyacentes que contribuyen a ello.
«En todas nuestras áreas, ya sea educación, prevención de la violencia, vivienda, empleo, identificamos agencias, organizaciones, iglesias, grupos vecinales que están trabajando en esa área en particular, los reunimos [e] identificamos cuáles son las fortalezas, dijo Barney.
Un componente principal, según Barney, es conectarse regularmente con la comunidad y escuchar sus comentarios. Todos los miércoles, Omaha 360 organiza un foro público de una hora con una actualización de las fuerzas del orden y socios comunitarios. Los asistentes, por lo general entre 80 y 120 personas por semana, revisan las estadísticas de delincuencia, centrándose específicamente en los tiroteos, dijo Barney. «Luego cambiamos de marcha y decimos: ‘Está bien, ¿qué sucederá en los próximos siete a 10 días?'», Dijo Barney. Si hay algo de preocupación de lo que el grupo es consciente, movilizan recursos de forma preventiva para ver quién puede responder. Podría ser un grupo de la iglesia local o un equipo de intervención de violencia u otro grupo que mejor pueda ayudar a disipar la situación inminente.
Empowerment Network y Omaha 360 también se enfocan en programas de reingreso y oportunidades de empleo para jóvenes a través de iniciativas como «Step Up Omaha!» que ayudan a jóvenes de 14 a 21 años a encontrar trabajos y oportunidades de experiencia laboral, según Empowerment Network.
La falta de empleo fue un problema importante entre los jóvenes con los que habló el grupo, dijo Barney, especialmente durante los meses de verano. «Hemos visto que dada la oportunidad, maximizarán esa oportunidad», dijo. «Solo necesitamos más de eso». «Realmente se trata de esos problemas de pobreza: vivienda, desempleo, educación», dijo a ABC News.
«Realmente hemos avanzado para abordar esos problemas, al mismo tiempo que construimos mejores canales de comunicación con el departamento de policía».
Si bien las cifras reportadas han disminuido, Omaha no se ha librado de la violencia armada. El 30 de enero, por ejemplo, dos oficiales de Omaha resultaron heridos y una persona recibió un disparo mortal después de que la policía respondió a un informe de un allanamiento, informó KETV, afiliada de ABC. Al día siguiente, la policía respondió a un incidente de un tirador activo en Target en West Omaha. La policía dijo que el hombre armado estaba armado con un rifle estilo AR-15 y varias rondas de municiones y que los oficiales le dispararon fatalmente después de que abrió fuego en la tienda. No se reportaron otras lesiones.
«El país no enfrenta un problema de violencia armada», dijo Abt. «Se enfrenta al menos a cuatro»: violencia comunitaria cotidiana, violencia doméstica y de pareja íntima, tiroteos masivos y suicidio.
Este último representa la mayoría de las muertes por armas de fuego en el país, según datos del Archivo de Violencia Armada, que recopila y valida datos de 7500 fuentes, según su sitio web.
En lo que va de 2023, también ha habido 88 tiroteos masivos, que incluyen incidentes en los que las víctimas sobreviven, según el archivo. «Lo que a veces es difícil de entender es que una política en particular podría ser efectiva para reducir un tipo de violencia armada pero no otro», dijo Abt.
Muchas estrategias no requieren una nueva legislación o mucho dinero, sino más bien «asociaciones realmente sólidas entre la policía y la comunidad centradas en las personas de mayor riesgo en una jurisdicción en particular», dijo Abt.
La legislación sobre licencias de armas y permisos de compra, incluso solo para armas de fuego, también ha sido efectiva, dijo Abt. Con esas leyes, «tenemos buena evidencia para mostrar una reducción de la violencia armada en todos los ámbitos», dijo Abt.
El departamento de policía también enseña tácticas de desescalada, un movimiento común entre las fuerzas del orden de todo el país para tratar de desactivar situaciones potencialmente violentas. «Una parte significativa de nuestros oficiales de policía juramentados están capacitados en equipos de intervención de crisis», dijo Gray. El departamento también cuenta con socorristas que son profesionales civiles de la salud mental para atender llamadas con los oficiales, dijo Gray.
Es conocido de muchos el abuso de algunos padres biologicos o madrastras a sus hijos pequenos. Incluso algunos casos extremos son expuestos en peliculas, libros o gran cantidad de historias reales, es decir, que algunos padres, por injustificadas razones, trastornos mentales o traumas pasados, dirigen su furia contra sus propios hijos biologicos.
En este caso el padre biologico, casado con otra mujer (madrastra) castigaban a los hijos del hombre de una manera sanguinaria haciendolos dormir en un garage, durante el invierno de New York, con temperaturas congelantes y sin el abrigo necesario.
Al final ocurrio el lamentable deceso del niño producto de estos castigos repetidos. Es decir, su padre biologico, en complicidad de su madrastra mataron de frio a un niño de 8 años de forma sanguinaria.
Otro hecho notable era que el padre del niño era un policia de New York en actividad y cuando este hecho lamentable ocurrio sus compañeros policias le dieron la espalda por lo sanguinario e injustificado de sus acciones con su hijo de 8 años.
El ex oficial de la policia de New York, Michael Valva, fue condenado el viernes 4 de noviembre 2022, por asesinar a su hijo de 8 años, Thomas, después de que un jurado de Riverhead determinó que obligó al niño a dormir en un garaje helado, no pudo convocar ayuda médica oportuna y luego le mintió a los primeros respondedores y médicos que intentaron en vano salvar al niño. (*)
El jurado de ocho mujeres y cuatro hombres sentados en el Tribunal del Condado de Suffolk encontró a Valva, de 43 años, culpable del máximo cargo de asesinato en segundo grado, encontrando que el policía de tránsito mostró una indiferencia depravada hacia su hijo, un niño con ojos color avellana que amaba a la escuela y que los testigos describieron como amoroso, inteligente, dulce….
Valva también fue condenado por cuatro cargos de poner en peligro el bienestar de un niño por hambre y ; ademas de Thomas (8 años.), quien murió de hipotermia, tambien castigo a su hermano mayor Anthony (10 años.)
Valva parecía sin emociones cuando se enfrentó al jurado, cuando se le anunció «culpable» por cada cargo.
El ex oficial de la policía de Nueva York, Michael Valva, fue condenado el viernes por la noche por asesinato en segundo grado en la muerte de hipotermia de su hijo, Thomas, de 8 años, quien murió después de que Valva lo obligó a él y a su hermano mayor, Anthony(10) a dormir en un garage en enero de 2020. Valva ahora enfrenta una sentencia máxima potencial de 25 años a cadena perpetua por el cargo de asesinato cuando es sentenciado por el juez de la Corte Suprema William Condon el 8 de diciembre.
Su ex prometida, Angela Pollina, enfrenta los mismos cargos y está programado para ser juzgado a principios de 2023.
«Este veredicto de culpabilidad no traerá de vuelta a Thomas, de 8 años, que sufrió una inmensa crueldad a manos de su padre, la misma persona a la que se le confió a proteger, proporcionar y amar incondicionalmente a Thomas y su hermano mayor Anthony (10)», dijo el fiscal del condado de Suffolk Ray Tierney.
«Este caso es desgarrador, y ha sido uno de los juicios de abuso infantil más difíciles para nuestros fiscales, personal de la corte y jurados. Ningún niño debería tener que soportar tales actos malvados».
Un ex policía irrumpió en un centro de guardería en el noreste de Tailandia el jueves, matando a docenas de niños y maestros y luego disparando a más personas mientras huyaba en el alboroto más mortal en la historia de la nación. (*)
El asaltante, que según las autoridades, fue despedido de la fuerza a principios de este año debido a un delito de drogas, se quitó la vida después de matar a su propia esposa e hijo en casa.
Un testigo dijo que el personal de la guardería cerró la puerta cuando vieron al asaltante acercarse con una pistola, pero se abrió paso. La imagen mostraba el piso de una habitación manchada de sangre y alfombrillas para dormir dispersas. Fotos del alfabeto y otras decoraciones coloridas adornaban las paredes.
Al menos 37 personas fueron asesinadas en el ataque, según el portavoz de la policía Archayon Kraithong. Otras 12 personas resultaron heridas. Al menos 24 de los muertos eran niños, en su mayoría preescolares.
«La maestra que murió, tenía un hijo en los brazos», un testigo, cuyo nombre no se dio, dijo a la televisión Kom Chad Luek de Tailandia en la escena. «No pensé que matara a los niños, pero disparó a la puerta y la disparó».
La policía identificó al sospechoso como ex oficial de policía de 34 años Panya Kamrap. El mayor general de la policía, Paisal Luesomboon, dijo en una entrevista que fue despedido de la fuerza a principios de este año debido a delitos relacionados con las drogas.
En el ataque usó múltiples armas, incluida una pistola, una escopeta y un cuchillo, dijo Paisel.
El jefe de policía local, Damrongsak Kittiprapha, dijo a los periodistas que el sospechoso era sargento en la fuerza antes de ser despedido, y que el arma principal que usó era una pistola de 9 mm que había comprado él mismo.
«Todavía estamos investigando todo esto y tenemos que aprender de él», dijo. «Hoy es el primer día y no tenemos todos los detalles».
La policía no ha dado un desglose completo del número de muertos, pero han dicho que al menos 22 niños y dos adultos fueron asesinados en la guardería en la ciudad de Nongbua Lamphu del noreste de Nongbua.
Las muertes relacionadas con las armas de fuego en Tailandia son mucho más bajas que en países como Estados Unidos y Brasil, pero más altas que en países como Japón y Singapur que tienen estrictas leyes de control de armas. La tasa de muertes relacionadas con las armas de fuego en 2019 fue de aproximadamente 4 por 100,000, en comparación con aproximadamente 11 por 100,000 en los EE. UU. Y casi 23 por 100,000 en Brasil.
El mes pasado, un empleado disparó a los compañeros de trabajo en el Colegio de Guerra del Ejército de Tailandia en Bangkok, matando a dos e hiriendo a otro antes de ser arrestado.
El peor tiroteo del país involucró a un soldado descontento que abrió fuego en un centro comercial y alrededor de un centro comercial en la ciudad noreste de Nakhon Ratchasima en 2020, matando a 29 personas y reteniendo a las fuerzas de seguridad durante unas 16 horas antes de ser asesinadas por ellos.
El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-Cha, que iba a viajar a la ciudad el viernes, dijo a los periodistas que los informes iniciales eran que el ex oficial estaba teniendo problemas personales.
«Esto no debería suceder», dijo. «Siento una profunda tristeza hacia las víctimas y sus parientes».
Esta muerte condenable esta conectada a un ambiente de violencia que se vive en USA y en New York en los ultimos anos. Ello se puede comprobar a la creciente accion de hechos violentos que consisten en atacantes jovenes agreden a personas mayores sin razon aparente.
Las posibles explicaciones van desde locuras individuales, efectos de drogas, enfermedades mentales que desarrollan una atraccion por la violencia, efectos de traumas de abusos o violencias que provienen desde sus propias familias.
Tambien se puede tener la hipotesis de violencia general que existe en nuestro mundo actual la cual, gracias a la difusion de los diversos medios masivos de comunicacion, causan efectos negativos en ciertos tipos de personas, jovenes mayoritariamente, que suelen desencadenar su furia o frustracion contra otras personas mas debiles o indefensas.
Ello se destaca mas, en Nueva York; pues , en general, se puede calificar a su policia local como eficiente, bien equipada y motivada economicamente; sin embargo no puede evitar estos actos de violencia que, como en este caso que trato hoy, acaban en lamentables atentados contra personas que han hecho de su vida un ejemplo de vida en servicio a las personas de su comunidad.
Fue apuñalada mientras trabajaba como trabajadora de EMS, dice la policía. «Todos la extrañarán mucho», escribió su equipo de primeros auxilios de Huntington. (*)
Alison Russo-Velling, de 61 años, de la estación de Huntington, una veterana del departamento de 24 años que había servido como primer respondedor en los ataques del 11 de septiembre, fue atacado mientras estaba de servicio poco después de las 2 p.m., dijo la policía. Acababa de salir de la estación 49 de EMS para obtener comida, usando ropa que la identificaba claramente como paramédica, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig, a los periodistas durante una conferencia de prensa.
En la esquina de 20th Avenue y 41st Street, a mitad de bloque de la estación EMS, un hombre de 34 años blandiendo un cuchillo «atacó brutalmente» a Russo-Velling, apuñalándola numerosas veces en su cuerpo, dijo Essig.
Peter Zisopoulos, de 34 años, fue acusado de asesinato después de que Russo-Velling fue apuñalado 19 veces, informó el New York Post.
Fue llevada de urgencia al Hospital Mount Sinai Queens, pero no pudo ser salvado, dijo el alcalde Eric Adams.
«Perdimos un héroe hoy», escribió Adams, alcalde de New York, en Facebook. «Fue asesinada de servicio en un ataque no provocado. Su asaltante está bajo custodia. El teniente Russo-Velling dio tanto a nuestra ciudad. Por favor, mantenga a su familia y al FDNY en sus oraciones esta noche».
Zisopoulos salió corriendo de la escena después del apuñalamiento y en su apartamento del tercer piso en 19-80 41st St., a una cuadra de distancia, dijo Essig.
Fue perseguido por dos testigos oculares que lo conocían, pero se encerró dentro del apartamento, dijo Essig. Un equipo de negociación de rehenes y la unidad de servicio de emergencia de la policía de Nueva York finalmente hicieron que el hombre saliera del apartamento, y estaba detenido en el recinto 114 de la policía de Nueva York el jueves por la tarde, dijo la policía.
Russo-Velling es sobrevivido por su hija y sus padres, dijo el FDNY.
Además de su carrera en el FDNY, Russo-Velling también fue miembro del equipo de primeros auxilios de la comunidad de Huntington, que está de luto por su muerte.
Russo-Velling se unió al equipo en 1992 y sirvió como capitán del día durante 13 años. Durante su mandato en HCFA, comenzó como EMT, luego obtuvo sus certificaciones de cuidados críticos y paramédicos.
«Ella era una proveedor dedicada y miembro sobresaliente, sirvió en varios comités y le dio tiempo donde sea necesario en la comunidad de Huntington», escribió el equipo de primeros auxilios. «Alison habría celebrado 30 años de servicio en el equipo de primeros auxilios de la comunidad de Huntington en noviembre de este año».
Fue amada por «tantos» en el equipo de primeros auxilios.
«Todos la extrañarán mucho, pero su legado vivirá dentro de nuestros corazones para siempre», escribió el equipo. «Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos durante este momento difícil».
El Departamento de Bomberos de Greenlawn también dijo que está «desconsolado» saber del «asesinato sin sentido» de Russo.
«Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas vecinas en este momento increíblemente difícil», escribió el departamento en Facebook.
Russo-Velling se unió al FDNY como EMT en marzo de 1998, luego fue ascendido a paramédico en 2002 y teniente en 2016, según un puesto de Instagram por el departamento.
Durante los ataques del 11 de septiembre, ella ayudó en los esfuerzos de rescate y recuperación, según el FDNY. En el transcurso de su carrera, trabajó en al menos otras cinco estaciones antes de aterrizar en la estación 49 en Astoria.
«Estamos profundamente tristes por el fallecimiento del teniente de @FDNY EMS Alison Russo-Velling, quien fue asesinado en el cumplimiento del deber en Astoria, Queens», escribió el Mets de Nueva York Twitter. «Su valentía no será olvidada».
Desde el 8 de septiembre 2022, cuando el ejecutivo del condado de Suffolk (Long Island-New York), Steve Bellone, anunció una posible «intrusión cibernética» de los sistemas informáticos gubernamentales, los residentes, empresas y otros no han podido acceder a sitios web y direcciones de correo electrónico del condado mientras los funcionarios investigan el ataque. (1)
Las siguientes son preguntas (P) y respuestas (R) que detallan algunos hechos claves sobre este ataque ransomware:
P: ¿Qué departamentos del condado se ven afectados por el cierre?
R: Todos ellos, esencialmente. Algunas funciones del condado están bajas por completo, incluida la capacidad de pagar boletos de tráfico o ejecutar búsquedas de títulos en propiedades. Y debido al cierre de la computadora, el ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, un demócrata, no pudo presentar su presupuesto 2023 antes de la fecha límite del viernes pasado. La fecha límite se ha extendido, dijo una portavoz de Bellone
Pero los funcionarios dicen que todas las agencias están operativas, aunque muchos han cambiado a mantenimiento de registros en papel.
Por ejemplo, los operadores de emergencia del 911 están respondiendo llamadas del público, pero los empleados escriben información de llamadas y la entregan a mano a los despachadores.
El condado ha lanzado un sitio web de aterrizaje temporal en Suffolkcountyny.gov con información básica y contactos del departamento.
P: ¿Quién está detrás del ciberataque?
R: Los piratas informáticos no se han identificado, pero en la publicación en un sitio de fuga web oscuro el 15 de septiembre, un grupo tomó crédito por la violación, diciendo que estaba usando un tipo de ransomware conocido como BlackCat o AlphV. La publicación presentaba documentos del condado, como boletos de exceso de velocidad emitidos a automovilistas particulares y la solicitud de cambio de nombre de un residente.
P: ¿Qué es el ransomware?
R: El ransomware es una forma de malware diseñada para cifrar archivos en dispositivos electrónicos, haciendo archivos y los sistemas que dependen de ellos inutilizables, según la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura de EE. UU., Establecidos en 2018 para abordar las amenazas cibernéticas.
P: ¿Cómo puedo protegerme?
R: Cualquier persona con una computadora y acceso a Internet corre el riesgo de un ataque de ransomware, según la Agencia Federal de Ciberseguridad, e incluso las herramientas más avanzadas no garantizan la ciberseguridad completa.
Pero CISA recomienda tomar los siguientes pasos: actualizar el software con los últimos parches; Evite hacer clic en los enlaces en correos electrónicos no solicitados; hacer una copia de seguridad de los datos de forma regular; y elija contraseñas fuertes y únicas.
El martes, Bellone anunció que Suffolk «notificaría directamente a cualquier individuo cuyos datos pueden haber sido expuestos y ofrecer servicios de protección de robo de identidad gratuitos». P: ¿Cómo ganan dinero los hackers usando ransomware?
R: Pueden cifrar datos para que los usuarios de computadoras no puedan acceder a él, obligando a las víctimas a pagar el rescate o amenazar con vender datos a entidades que roban las identidades de las personas.
«El ransomware es un modelo de negocio realmente fascinante para los cibercriminales», dijo a Newsday John Bandler, un ex fiscal que ha escrito dos libros sobre delitos cibernéticos. “Cuando violan los datos y los roban, ahora tienen que revenderlos. Pero [con] el modelo de ransomware del delito cibernético … hacen que la organización pague ese rescate para que el código descifra los datos «.
P: ¿Podría mis datos haber sido violados en el ataque al gobierno del condado de Suffolk?
R: Sus datos podrían haber sido accedidos, según expertos en seguridad. Los ciberdelincuentes que se han asumido la responsabilidad del ataque han publicado imágenes de documentos supuestamente robados del condado de Suffolk en la web oscura, una parte anónima de Internet donde puede ocurrir delitos. Algunos de los documentos publicados incluyen los nombres, cumpleaños, direcciones y números de licencia de conducir de los residentes del condado. .
P: ¿Han emitido los hackers alguna demanda al condado de Suffolk?
R: Sí. En una publicación actualizada esta semana, abordando a Bellone por su nombre, los piratas informáticos dijeron que estaban solicitando una «pequeña cantidad» de dinero no especificada para su trabajo «para encontrar vulnerabilidades en la red informática del condado de Suffolk». Los funcionarios del condado no han dicho si los atacantes habían exigido una cantidad particular.
P: ¿Cuándo se restaurarán los sistemas del condado?
R: Los funcionarios del condado no han ofrecido una línea de tiempo para cuándo los sistemas volverán a estar en línea. El contralor del condado John M. Kennedy Jr. el martes aseguró a los vendedores del condado que se les pagará, y dijo que los empleados del condado de Suffolk recibirán su pago a tiempo esta semana.
P: ¿Qué tipo de seguro está disponible para los ataques de ransomware?
R: Se puede comprar un seguro cibernético para cubrir honorarios y pérdidas legales de infracciones de datos y ransomware. El seguro también puede cubrir el costo de cumplir con las tarifas y sanciones de los reguladores, el reemplazo de datos perdidos, gestión de crisis y relaciones públicas y servicios forenses para investigar las infracciones de datos. Las empresas y los gobiernos pueden obtener «cobertura de terceros» para proteger contra la responsabilidad de las reclamaciones de personas que tuvieron su privacidad comprometida y demandar por daños.
Pero la Oficina de Responsabilidad del Gobierno Federal dice que el seguro e incluso la ayuda federal para los ataques cibernéticos por parte de los terroristas «están limitadas en su capacidad para cubrir pérdidas potencialmente catastróficas de los ataques cibernéticos sistémicos … (y) las aseguradoras privadas han estado tomando medidas para limitar sus pérdidas potenciales de ciber eventos.»
El condado de Suffolk no tiene un seguro de seguridad cibernética, según la portavoz de Bellone, Marykate Guilfoyle.
P: ¿Qué tan difícil es atrapar y enjuiciar los ciberdelincuentes?
R: Se estima que el 0.3% de todas las quejas de delitos cibernéticos reportados son procesados debido a la dificultad para rastrear a los atacantes, según la tercera vía, un grupo de expertos sin fines de lucro en Washington, D.C.
Los analistas dicen que los perpetradores usan servidores proxy que pueden sofocar la aplicación de la ley y rebotar sus números de identificación de Internet en varios países y jurisdicciones de aplicación de la ley.
Los funcionarios de Suffolk han pospuesto los exámenes de servicios civiles del condado programados para este sábado, después de que los piratas informáticos se infiltraron en los sistemas informáticos del condado que interrumpen las operaciones durante más de dos semanas. (2)
Un mensaje publicado en el sitio web temporal del condado el viernes diciendo que los exámenes se pospondrían debido a la intrusión cibernética, también dijo que los candidatos serán notificados de cualquier fecha reprogramada.
Marykate Guilfoyle, portavoz del ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone, confirmó la cancelación el sábado, pero no pudo ser contactada para hacer más comentarios el domingo.
Los funcionarios del condado han reconocido que los piratas informáticos, que violaron los sistemas informáticos, accedieron a la información personal de uno o más servidores de agencias del condado.
Un aviso en el sitio web temporal del condado dijo que Suffolk había «contratado de inmediato a múltiples empresas de ciberseguridad para realizar un examen para proteger a los empleados y residentes, así como restaurar los servicios en línea».
Hace 139 años ocurrió una tragedia en el famoso puente neoyorquino de Brooklyn. Exactamente ocurrió el 30 de mayo de 1883. No hubieron fotos o videos de aquella tragedia salvo el testimonio de miles de personas. Algunos de ellos dejaron testimonio escritos y dibujos que muestro aquí.
El objetivo de este Blog es despertar el interés por los casos policiales, accidentes o tragedias naturales en nuestro planeta para que tomamos medidas de seguridad actualmente y disminuiremos la posibilidad de tener accidentes trágicos. Asimismo muchas obras de construcción como grandes puentes o edificios siempre han ocasionado algunos accidentes mortales. El avance de la ciencia y tecnología ha disminuido mucho estos accidentes; pero nada humano es perfecto. Hasta algunos viajes de la NASA, no hace muchos años, terminaron en accidentes trágicos muriendo los miembros de su tripulación.
Volviendo a la tragedia del “Brooklyn Bridge” el pánico hizo que muchas personas, de una multitud de 20,000 personas quienes se encontraban en ese momento en el puente, se aplastaran, empujaran y caen por los costados del puente y otros se asfixiaban o eran golpeados mortalmente. Felizmente, gracias a la oportuna participación de la policía y autoridades locales lograron que el saldo fuera de 12 muertos y cientos de heridos no mortales.
Arriba vemos una imagen o dibujos del puente de Brooklyn poco tiempo antes de la tragedia; ademas de otras fotos de como era la ciudad de New York, por el año de 1883.
Finalmente vemos fotos recientes del puente de Brooklyn (2022)
Imagínate que estas en una fiesta privada rodeado de una 50 personas y tu junto con otros adultos están en la piscina. De pronto un ruido raro y una succión imprevista te hace sentir que alguien te jala debajo del agua en la piscina. Tratas de salir. El resto de personas en la piscina lo logra; pero tu no ya que resbalas y un pequeño remolino succionador se produce en el centro de la piscina, producto de un agujero abierto en el piso de la misma, el cual tiene la suficiente fuerza y tamaño para atraer a un joven de 30 anos a su muerte por ahogamiento en un caso muy raro y trágico de apreciar.
Veamos como lo reporta AP: (*)
Jerusalén: La policía israelí dijo el viernes que colocaron a una pareja bajo arresto domiciliario, un día después de que un hombre que asistiera a una fiesta en su villa murió después de ser absorbido por un sumidero que se formó en la parte inferior de su piscina. El hombre y la mujer, ambos de los años sesenta, son sospechosos de causar la muerte por negligencia, dijo la policía. Fueron arrestados el jueves por la noche y un tribunal decidió liberarlos el viernes bajo «condiciones restrictivas de arresto domiciliario» durante cinco días. El incidente ocurrió durante una fiesta privada que la pareja organizó en su casa en la ciudad de Karmi Yosef, a 40 kilómetros (25 millas) al sureste de la ciudad de Tel Aviv.
El video del teléfono móvil de la escena muestra flotantes y agua que se absorben hasta el fondo, en el centro de la piscina, mientras las personas sentadas junto al grito junto a la piscina en hebreo. Se ve a un hombre acercarse al sumidero, se resbala y casi se tira antes de retroceder.
La policía dijo que el fallecido de 30 años fue encontrado después de una misión de búsqueda en la que participaron la policía israelí, los equipos de emergencia y el ejército.
Los medios de comunicación israelí citaron a los testigos diciendo que al partido asistieron a casi 50 personas, de las cuales seis estaban en la piscina, y también informaron que el propietario había construido la piscina sin licencias adecuadas.
Un reciente, exclusivo y extenso reporte del Washington Post (*) que acabo de terminar de leer y analizar bajo el titulo «Repeated police misconduct cost taxpayers 1.5 billion in settlement…» nos muestra una realidad que no es tan buena como otros medios masivos de comunicacion nos quieren hacer creer; sin embargo valoro el valor del Washington Post en este tema tan sensible y que directamente afecta a las personas comunes de menores recursos que son la mayoria en USA; aunque , a nivel mundial, desde un desde un punto de vista material y comparativo, son privilegiados; pero eso es otro asunto a tratar. Es decir, es harina de otro costal.
En este asunto quiero respetar los textos, cuadros y graficos originales en ingles (adjunto una copia la cual espero que pueda verse completa para quienes visitan este blog; pues articulos como este son solo para suscriptores del diario)
Pero, antes quiero agregar algunos detalles resumidos y la metodologia usada sobre este articulo:
Para investigar la frecuencia con la que se hicieron los pagos en las reclamaciones de mala conducta que involucraron repetidamente a los mismos oficiales, la publicación de Washington presentó solicitudes de registros públicos con 50 de las agencias de aplicación de la ley de la ciudad y del condado más grandes en la nación. El POST solicitó la información sobre demandas civiles y afirmaciones de responsabilidad civil que resultó en pagos entre 2010 y 2020 y solicitó los nombres de los oficiales involucrados en esas afirmaciones.
El POST obtuvo datos para 25 de estos departamentos de múltiples fuentes: en algunos casos, departamentos financieros; En otros, los departamentos de derecho, el asesor legal o el propio departamento de policía. Los reporteros se estandarizan y limpian los datos, identificando las brechas en lo que se proporcionó. Diecisiete de las ciudades o condados no proporcionaron los nombres de los oficiales involucrados. La ciudad de Nueva York proporcionó nombres de oficial en solo un pequeño porcentaje de casos.
Las afirmaciones que no dieron lugar a las demandas representadas una porción muy pequeña de las documentadas. La publicación se basó en las agencias de la ciudad y del condado para proporcionar nombres de oficiales en esos casos y la mayoría proporcionó esos nombres.
La publicación también complementó sus datos con otras fuentes.
Para Chicago, los reporteros utilizaron datos compilados por el reportero de Chicago sobre los asentamientos de la policía de 2011 hasta 2017 para encontrar a los oficiales nombrados en los datos de reclamaciones, la ciudad proporcionó a la publicación, y luego recibió nombres en casos adicionales de 2010 y 2018 a 2020.
En Baltimore, los funcionarios dirigieron la publicación al sitio web de la Junta de Estimaciones de la ciudad, donde los reporteros descargaron el texto de todos los minutos de la reunión que mencionaron los asentamientos policiales. El POST compiló una base de datos de casos de ese, y buscó casos en el sistema judicial para encontrar los nombres de los oficiales.
En la ciudad de Nueva York, los funcionarios no proporcionaron los nombres de los oficiales involucrados en más de 30,000 casos; Los reporteros utilizaron datos de pago desde 2013, proporcionados en el sitio web del Departamento de Derecho para identificar a los oficiales, y luego recuperaron los nombres de las reclamaciones antes de 2013 de los casos judiciales.
Phoenix fue la única ciudad para la cual el Post no pudo identificar a los oficiales involucrados. Los funcionarios allí no proporcionaron datos de funcionario ni suficiente información para que los reporteros coincidan con confianza los montos de reclamo con los registros judiciales.
En miles de casos, la ciudad, el condado o los registros judiciales identificaron a los oficiales solo como «John Doe», «Jane Doe» o desconocido, y la publicación no pudo determinar esas identidades. Para el análisis de los oficiales que fueron objeto de pagos repetidos, la publicación no contó esos reclamaciones. Sin embargo, las reclamaciones que involucran a los oficiales desconocidos se incluyeron en los montos de recepción total y los conteos para cada departamento.
Para el análisis, la publicación también excluyó los nombres de la mayoría de los funcionarios principales en los departamentos. La mayoría de las personas eliminadas fueron jefes de policía, pero un supervisor en el distrito se omitió del análisis porque fue nombrado en 19 casos relacionados con su unidad policial, pero las quejas no lo involucraron directamente.
El POST excluyó los pagos de menos de $ 1,000, lo que ayudó a estandarizar los datos a través de los departamentos basados en las variaciones en lo que se proporcionó. Los reporteros también intentaron eliminar las tarifas legales internas del análisis en los pocos lugares, incluidos Portland, Ore., Que los proporcionaron.
Todas las reclamaciones se agruparon en categorías más amplias para el análisis y la presentación utilizando la información proporcionada por las ciudades y los condados. En los casos, para los cuales no proporcionaron categorización, aquellas reclamaciones se clasificaron como «acusaciones no clasificadas de mala conducta».
El POST se acercó a todos los funcionarios del departamento y la ciudad o del condado que proporcionaron los datos varias veces para comentar. En cada departamento, los tres oficiales o diputados involucrados en la mayoría de los asentamientos también se les pidió comentarios. El POST incorporó cualquier comentario de departamentos y oficiales en su interactivo publicado.
Los pagos se basan en las denuncias de mala conducta por parte de la policía, pero los departamentos rara vez admiten incorrectos al resolver estos casos.
Ahora si, ahi va el texto original copiado que espero que los lectores de este blog puedan verlo completo.
EXCLUSIVE
The hidden billion- dollar cost of repeated police misconduct
More than $1.5 billion has been spent to settle claims of police misconduct involving thousands of officers repeatedly accused of wrongdoing. Taxpayers are often in the dark.
About 8:30 one Thursday evening in Detroit, Tony Murray was getting ready for bed ahead of his 6 a.m. shift at a potato chip factory. As he turned off the final light in the living room, he glanced out of his window and saw a half-dozen uniformed police officers with guns drawn approach his home.
As the officers banged on the door, Murray ordered Keno, his black Labrador retriever, to the basement. As Murray let the officers in, one quickly pushed him to the floor and at least two others ran to the cellar, he said. “Don’t kill my dog. He won’t bite you,” Murray pleaded. The sound of gunshots filled the house. Keno’s barking, the 56-year-oldrecalled, morphed into the sound of “a girl screaming.”
Officers searched Murray’s home for nearly an hour, flipping his sofa and emptying drawers. Outside, Murray approached the officers standing by their vehicles. One handed him a copy of the search warrant, which stated they were looking for illegal drugs. Murray noticed something else: The address listed wasn’t his. It was his neighbor’s.
Tony Murray, 56, sits on his porch. In 2014, police raided Murray’s house and fatally shot his dog, Keno. (Nick Hagen for The Washington Post)
Months after the 2014 raid, Murray, who was not charged with any crimes, sued Detroit police for gross negligence and civil rights violations, naming Officer Lynn Christopher Moore,who filled out the search warrant, and the other five officers who raided his home.The city eventually paid Murray $87,500 to settle his claim, but admitted no error by police.
That settlement was not the first or last time that Detroit would resolve allegations against Moore with a check: Between 2010 and 2020, the city settled 10 claims involving Moore’s police work, paying more than $665,000to individuals who alleged the officer used excessive force, made an illegal arrest or wrongfully searched a home.
Moore is among the more than 7,600 officers — from Portland, Ore., to Milwaukeeto Baltimore — whose alleged misconduct has more than once led to payouts to resolve lawsuits and claims of wrongdoing, according to a Washington Post investigation. The Post collected data onnearly 40,000 payments at 25 of the nation’s largest police and sheriff’s departments within the past decade, documenting more than $3.2 billion spent to settle claims.
The investigation for the first time identifies the officers behind the payments. Data were assembled from public records filed with the financial and police departments in each city or county and excluded payments less than $1,000. Court records were gathered for the claims that led to federal or local lawsuits. The total amounts further confirm the broad costs associated with police misconduct, as reported last year by FiveThirtyEight and the Marshall Project.
The Post found that more than 1,200 officers in the departments surveyed had been the subject of at least five payments. More than 200 had 10 or more.
The repetitionis the hiddencost of alleged misconduct: Officers whose conduct was at issue in more than one payment accounted for more than $1.5 billion, or nearly half of the money spent by the departments to resolve allegations, The Post found. In some cities, officers repeatedly named in misconduct claims accounted for an even larger share. For example, in Chicago, officers who were subject to more than one paidclaim accounted formore than $380 million of the nearly $528 million in payments.
Explore the data
The Post documented nearly 40,000 payments involving allegations of police misconduct in 25 departments, totaling over $3 billion. Departments usually deny wrongdoing when resolving claims.VIEW A DEPARTMENT:
Philadelphia
Total paid in Philadelphia (2010 – 2020)$136 million59% by officers named in multiple payments
VIEW BY:PaymentsOfficers
Hover over a square to see more details
Excessive force$71,962,471
Payments under $100,000
False arrest$51,102,826
Other civil rights claims$7,387,592
Other alleged misconduct$3,635,322
Categories not labeled above:
Illegal search and seizure — $1,709,600
Note: Payments that are classified in multiple categories will appear in both categories in this graphic. Category totals may not add up to city totals.
FILTER BY CATEGORY:
Show all
Payment
Category
Date
$9,850,000
False arrest
June 21, 2018
$6,250,000
False arrest
June 30, 2020
$4,400,000
Excessive force
Jan. 6, 2017
$4,150,000
False arrest
Jan. 3, 2019
$3,750,000
False arrest
May 16, 2019Previous
Page 1 of 308Show 5Show 10Show 20Show 30Show 40Show 50Next
Response from the police department: “We will decline to comment on civil litigations,” said Miguel Torres, a spokesperson for the Philadelphia Police Department.
The Post analysis found that the typical payout for cases involvingofficers with multiple claims — ranging from illegal search and seizure to use of excessive force — was $10,000 higher than those involving other officers.
Despite the repetition and cost, few cities or counties track claims by the names of the officers involved — meaning that officials may be unaware of officers whose alleged misconduct is repeatedly costing taxpayers. In 2020, the 25 departments employed 103,000 officers combined, records show.
“Transparency is what needs to be in place,” said Frank Straub, director of the National Police Foundation’s Center for Mass Violence Response Studies, adding that his organization has called for departments nationwide to publicize cases with settlements. “When you have officers who have repeated allegations … it calls for extremely close examination of both the individual cases and the totality of the cases to figure out what’s driving this behavior and these reactions and to see if there is a pattern in an officer’s behavior that triggers these cases.”
Defenders of police have a different view.
City officials and attorneys representing the police departmentssaid settling claims is often more cost-efficient than fighting them in court. And settlements rarely involve an admission or finding of wrongdoing. Because of this there is no reason to hold officers accountable for them, said Jim Pasco, executive director of the National Fraternal Order of Police, the nation’s largest police labor union with more than 364,000 members.
“If there’s never been a finding of guilt or anyone’s fault, why put that in an officer’s record?” Pasco said. “That would be such a glaring omission of due process where in the legal system in the United States, a person is innocent until proven guilty.”
The Post reached out to scores of officers named in claims that led to payments. Some were no longer working for the departments. Most had no comment or, like Moore, did not return phone calls.
Lynn Christopher Moore, right, now an officer at the Oakland County Sheriff’s Department, takes notes during roll call at the Pontiac, Mich., substation in June 2020. (Clarence Tabb Jr./ Detroit News)
Payments for claims involving Officer Lynn Christopher Moore, 2010 – 2020
Payment
Category
Date
$150,000
Other civil rights claims
June 29, 2020
$127,500
Other civil rights claims
Feb. 3, 2012
$87,500
Other civil rights claims
April 27, 2018
$82,500
Other civil rights claims
Oct. 11, 2012
$75,000
Other civil rights claims
June 14, 2016
$45,000
Excessive force, False arrest
Dec. 10, 2013
$42,500
Other civil rights claims
July 26, 2017
$42,500
Other civil rights claims
Oct. 14, 2015
$10,000
Other civil rights claims
June 30, 2020
$3,750
Other civil rights claims
Sept. 15, 2015
Source: Detroit Law Department
Two officers in Boston who had the highest number of claims settled have since retired. But both said the allegations — ranging from excessive force to wrongful arrest — did not accurately portray their work while on the force.
Paul Murphy, who was named in four lawsuits totaling about $5.2 million in payments, said he “tried to do the best I could” as an officer. But he added, “sometimes things happened.” He declined to elaborate.
Gerald Cofield was named in three lawsuits that totaled about $306,000 in payments. Cofield said he wished the city had fought the claims instead of settling because he believed city attorneys would have won, and his name and reputation would have been cleared. “We are not the bad guys these lawsuits paint us to be,” he said.
One Detroit officer said he wished the city had fought the lawsuits because he believed the cases had no credibility and those making the allegations had been armed or resisting arrest. “It’s called the Detroit lottery,” said the officer, who spoke on the condition of anonymity because he had not received permission to speak publicly. “People have been convicted and are in prison filing lawsuits knowing they can get paid.”
Multimillion-dollar settlements regarding allegations of police misconduct often generate headlines. Minneapolis paid $27 million to the family of George Floyd, and Louisville paid $12 million to Breonna Taylor’s family.
Philonise Floyd, center, is embraced by his brother Terrence Floyd, left, and attorney Benjamin Crump during a prayer vigil for George Floyd’s family in Minneapolis last March. (Joshua Lott/The Washington Post)
Those cases are the exception: The median amount of the payments tracked by The Post was $17,500, and most cases were resolved with little or no publicity.
Many of the officers who had the highest number of claims against them were participating in task forces targeting gangs, drugs or guns, records show.
Pasco said he is not surprised that these officers would be the subject of multiple lawsuits, given the assignments. And given, he said, that the nation has become a “litigious society.”
“It’s the cost of policing,” he said. “That’s the reason crime, until recently, has declined.”
New York, Chicago and Los Angeles alone accounted for the bulk of the overall paymentsdocumented by The Post — more than $2.5 billion. In New York, more than 5,000 officers were named in two or more claims, accounting for 45 percent of the money the city spent on misconduct cases.In New York, four attorneys who have secured the highest number of payments for clients separately said the high rate of claims is because of poor training, questionable arrests and a legal department overwhelmed by lawsuits.
In Philadelphia, six officers in a narcotics unit generated 173 lawsuits, costing a total of $6.5 million. In 2014, those officers were federally charged with theft, wrongful arrest and other crimes but eventually acquitted at trial. Some 50 additional lawsuits are pending, many alleging misconduct dating back more than a decade, said Andrew Richman, a spokesman for the city’s legal department.
In Palm Beach County, Fla., officials paid out $25.6 million in the past decade: One-third of that was generated by 54 deputies who were the subject of repeated claims.
The data provided by cities included no demographic information about the people who filed the claims. But Chicago attorney Mark Parts, who has handled scores of lawsuits against police, said most of his clients have been Black or Hispanic.
“The folks who are aggressively policed and confronted by officers in the course of their daily lives are people of color,” Parts said. “I have found the majority of those whose rights are repeatedly violated are African Americans and Hispanics.”
In the D.C. region, more than 100 officers have been named in multiple claims that led to payments.
In Prince George’s County, Md.,47 officers had their conduct challenged more than once, resulting in at least two payments each accounting for $7.1 million out of $54 million paid within the decade. Two in five payments involved an officer named in more than one claim. The totals are skewed by a $20 million payment to the family of 43-year-old William Green, who was fatally shot while his hands were cuffed behind his back in the front seat of a police cruiser.
Cpl. Clarence Black was the subject of four settled cases, the most in the department. In 2010, the county paid $125,000 to a husband and wife who alleged Black assaulted them. In 2013, a Temple Hills family received $60,000 after alleging Black and four other officers illegally entered their home. In 2014, a woman got $10,000 after alleging Black punched her shoulder. And in 2019, a man collected $190,000 after alleging that Black illegally handcuffed him as he retrieved a bottle of water.
Cpl. Clarence Black was named police officer of the year by the Police Chiefs’ Association of Prince George’s County in 2015. (Prince George’s County Police Department)
Black, a former officer of the year who joined the force in 2002, was indicted in August on two counts of second-degree assault and two counts of misconduct in office after being accused of assaulting a driver during a traffic stop in Temple Hills. Black’s attorney did not return calls requesting comment. He has pleaded not guilty and is scheduled to go to trial in July.
In the District, 65 officers have been named in repeated claims, accounting for $7.6 million of the more than $90 million in claims paid — the fifth-highest overall of the 25 cities surveyed. That total includes $54 million paid on four claims involving officers who were named in no other cases.
Officer Fredrick Onoja was the subject of five cases that led to payments from 2014 to 2019 totaling $116,000, the most of any officer on the force. Five Black men separately sued Onoja accusing him of wrongful arrests and harassment. They alleged that the 44-year-oldOnoja — who has been on the force since 2011 — fabricated evidence against them in the 5th District neighborhood he patrolled.
Dustin Sternbeck, a D.C. police spokesperson, said Onoja had been “disciplined” for his actions, but declined to elaborate. Onoja, through the department, declined to comment. In a statement, Sternbeck said the department investigates allegations against officers made in lawsuits. “If the investigation sustains misconduct, the department takes appropriate action, ranging from retraining to termination, depending on the nature of the misconduct sustained,” he wrote.
In Fairfax, the county settled seven cases, totaling $6.1 million. Two of the cases involved five officers and led to $5 million in payments. Only one officer was named in more than one claim.
Officer Hyun Chang, who has been with the department since 2010, was the subject of a claim that resulted in a $750,000 settlement in 2018 with the family of a 45-year-old autistic man who died in 2016 as he was subdued by Chang and another officer. According to police, the victim, Paul A. Gianelos, of Annandale, Va., became combative as the officers tried to return Gianelos to his caretakers. A Virginia medical examiner determined Gianelos died as a result of a heart attack related to the restraint.
In 2014, Chang was one of a dozen officers named in a $190,000 settlement after a Hispanic woman charged the officers with excessive force, false arrest, unreasonable search of her home and racial profiling. He did not return requests for comment through a Fairfax police spokesperson.
In general, the government officials in many of the cities who were interviewed said the decisions to settle claims are made on a case-by-case basis.
In Chicago, officials “evaluate cases for potential risk and liability, and to take appropriate steps to minimize financial exposure to the city,” said Kristen Cabanban, spokesperson for the city’s Law Department.
It is often cheaper to settle a case than pay attorneys’ fees “that in many cases dwarf the actual damages award,” said Casper Hill, a spokesman for the city of Minneapolis.
Even whenpayments are covered by insurance claims, taxpayers ultimately still pay as those claims drive up the cost of the insurance.
The Post found that few cities publicize their payments or make it easy for the public to identify the officers involved. Of the 25 cities surveyed, four reported tracking payment information. The others declined to answer or said they were unaware of any city department that did such tracking.
3:40
The Post collected data on nearly 40,000 payments at 25 of the nation’s largest police and sheriff’s departments within the past decade. (Joy Sharon Yi, Jackie Lay/The Washington Post)
Minneapolis, Palm Beach County, Fairfax County and Detroit were among the few places that recorded payments by officers’ names in the records provided to The Post. Portland organized cases by the officers’ badge numbers.
Most cities reportedpayments by the name of the person who filed the claim or, if the case led to a lawsuit, the number assigned in court. The Post identified the officers involved in tens of thousands of cases by reviewing individual claim summaries and court records.
There are disincentives to such tracking, legal and policing experts said.
“If an officer has multiple lawsuits, then the city is in jeopardy of negligent retention,” says Stephen Downing, a retired deputy chief with the Los Angeles Police Department and current adviser with the Law Enforcement Action Partnership, a criminal justice reform group. “Few cities want to risk retaining that information to avoid being part of an even more costly lawsuit.”
Policing experts also noted that prosecutors rely on officers to testify in criminal cases; settlement tracking could be used by defense attorneys to challenge an officer’s credibility.
The $10,000 air freshener
In Portland, Officer Charles B. Asheim, 40, was the subject of three payments costing the city $40,001. The city spent more than $90,000 in legal fees fighting those three claims and $250,000 defending three other claims involving Asheim that resulted in no payments, according to Heather Hafer, a spokeswoman with the city’s Office of Management and Finance.
Payments for claims involving Officer Charles B. Asheim, 2010 – 2020
Payment
Category
Date
$30,001
False Arrest
Aug. 31, 2017
$5,000
Other Alleged Misconduct
June 28, 2017
$5,000
Other Alleged Misconduct
Jan. 3, 2017
Source: Portland Bureau of Revenue and Financial Services
In 2014, Marqueeta Clark and her then-boyfriend, Jahmarciay Barr, were leaving Barr’saunt’s house on their way to the movies in Barr’s blue 1991 Chevrolet Caprice. At the time, Clark was a 19-year-old early-childhood education major at Western Oregon University, and Barr was a 20-year-old community college student and UPS employee.
As the couple drove along the highway, they saw a police cruiser heading in the opposite direction.
Seconds later, Clark said, they noticed the cruiser make a U-turn and begin to follow them. Barr stopped at a traffic light with the cruiser behind them. When the light turned green, as they pulled away, the cruiser’s lights came on and police pulled them over.
Asheim, an officer with the gang unit,told the couple they were stopped because Barrhad changed lanes without using his turn signal, Clark said. She said shedisputed the claim, telling police she could hear the blinker’s ticking.
Then Asheim, she said,one of three officers at the scene, told the couple that police had pulled over the car because there was a green, pine-tree air freshener dangling from the car’s rearview mirror. The air freshener, Asheim told them, obstructed the driver’s line of sight and created a driving hazard, she said.
Barr, still seated in the car, grew angry and refused to cooperate with Asheim when the officer asked for his driver’s license and registration, she said.
Sitting in the passenger seat, Clark said she begged the officers to allow her to reach into the glove compartment to pull out Barr’s documents. But Asheim refused and continued to argue with her boyfriend, she said. “In my head, I was thinking these gang task forces are going to treat us as gang members. … I was terrified,” she said.
Asheim then pulled Barrthrough the driver’s side window and placed him in handcuffs, she said.
In his official report, Asheim gave a different account: He wrote that he and his colleagues unhooked the driver’s seat belt, opened the door and forced Barr to stand up outside the vehicle. Asheim added that Barraccused police of stopping him because “he was Black.” The officers, according to Asheim’s report, “calmly and simply” explained the reason for the stop, but the boyfriend “continued screaming.”
Asheim also noted that Barrwas becoming more “threatening and unpredictable,” and that he threatened to “kick our f—ing ass.”
Clark denied that Barrthreatened the officers. “I remember watching Asheim laughing at us. It was really humiliating, embarrassing and frustrating.”
The officers searched the car and found nothing illegal, according to the police report.
Police arrested the couple. Clark was charged with interfering with a police officer and disorderly conduct. Barr, who could not be reached for comment, was charged with failure to carry and present his license, disobeying an officer and disorderly conduct. He pleaded guilty to failure to carry and present a license andwas ordered to pay $250 in fines. Prosecutors dismissed the other charges against him.
Clark chose to fight her charges. Eventually, the judge dismissed the case.
Still, Clark remained furious. She and Barr sued the city, alleging that the stop byAsheim — who is White — and his two colleagueswas part of a pattern of racially discriminatory police tactics. “I really wanted people to know how the majority of the Black community was being treated by police,” she said. “It was never about the money for me.”
Growing up in Portland, Clark said being stopped by police and having guns drawn was “the norm for us.” She said that she and her boyfriend were stopped by police about a half-dozen times in a four-year period.
In 2017, the city agreed to settle their claims, eventually paying Clark and Barr $5,000 each. Officials did not apologize or admit wrongdoing.
They wereamong the city’s 89 payments for alleged police misconduct during the past decade. Of the more than $7.5 million spent, nearly half of it has involved officers named in more than one claim.
“What Asheim did, stopping people for having an air freshener hanging from the rearview mirror, was the practice of the gang enforcement team,” said Gregory Kafoury, Clark’s attorney. “These officers were driving around and obviously looking for Black faces.”
Kafoury said he has represented dozens of people in lawsuits against Portland officers, the majority of his clients people of color.
“Historically, officers who are sued are never penalized, even when the city has to pay large settlements or verdicts for their misconduct,” Kafoury said. “The officers who are the most brutal and the most dishonest tend to move up in the ranks because they are seen as trustworthy and they are admired for their physicality. And that culture gets strengthened as these types of bullies move up and control the culture of the police department.”
Sgt. Kevin Allen, a Portland police spokesman, denied Kafoury’s assertions. “Our promotions process is extremely competitive and thorough and includes a 360-review in most ranks, taking in the candidate’s discipline record, commendations, community engagement and more,” Allen said.
Asheim has been with the force for 13 years and is a detective, Allen confirmed. He declined to answer questions about Asheim or the cases that led to settlements. Allen said he forwarded The Post’s request for comment to Asheim, who has not responded.
‘I’ll never forget him’
Early one evening in March 2014, Gregory Williams, 34, was walking to buy cigarettes at a gas station on the west side of Chicago. A man rushed up behind him, hit him on the head with a gun and pushed him against a fence, Williams said. He thought he was being robbed.
The man, however, was a Chicago police officer in plain clothes.
An unmarked police car pulled up. Inside was Officer Armando Ugarte — who from 2010 through 2020 would be a subject of 16 payments totaling more than $5 million for claims that includedexcessive force and wrongful arrests.
That night, Ugarte and two other officers told Williams, a father of two and student at Strayer University, that they were arresting him for distributing a controlled substance: heroin. They drove Williams to a precinct called Homan Square, a former Sears and Roebuck warehouse that police used as an interrogation site.
While he was handcuffed, Williams said, Ugarte and the other officers pressed him to identify heroin dealers. When he said he could not, he alleges that they grabbed him by his neck, put him in a chokehold, threw him to the floor and punched and kicked him.
“I’ll never forget him,” Williams said about Ugarte.
In the arrest report, Ugarte wrote he had purchased drugs from Williams as part of a “controlled buy” that night while working undercover. Williams was charged with two counts of felony manufacturing or delivering a controlled substance.
Payments for claims involving Officer Armando Ugarte, 2010 – 2020
Payment
Category
Date
$4,567,828
Excessive force
Jan. 30, 2013
$161,000
Excessive force
Feb. 14, 2014
$100,000
Illegal search and seizure
Nov. 6, 2019
$88,500
Illegal search and seizure
Aug. 10, 2017
$85,000
Excessive force
Dec. 10, 2018
$60,001
Illegal search and seizure
Nov. 5, 2014
$50,000
Excessive force
Sept. 24, 2018
$40,000
False arrest
Oct. 1, 2014
$37,500
Illegal search and seizure
Sept. 7, 2017
$28,000
Illegal search and seizure
June 26, 2018
$18,000
Excessive force
May 18, 2011
$10,250
Illegal search and seizure
Dec. 10, 2018
$10,000
Excessive force
Nov. 25, 2014
$7,500
False arrest
Feb. 8, 2013
$5,000
False arrest
July 17, 2012
$3,000
False arrest
Feb. 8, 2013
Sources: Chicago Reporter, Post reporting and court cases
At the time, Williams had been on parole for less than a year following a conviction for heroin possession. He said he believes this is why the officers targeted him to be an informant or face a return to prison.
After a year in jail, Williams went to trial. In court, Ugarte and two other officers testified that they had purchased heroin from Williams. But there were no other witnesses or evidence, according to the lawsuit. The jury acquitted Williams.
While in jail, Williams lost his personal assistant job with the Chicago Department of Human Services and dropped out of Strayer University, where he was pursuing a degree in business administration. “They took all that away from me because I wouldn’t work for them. I wouldn’t be a snitch,” he said.
In 2018, he filed a lawsuit in federal court alleging that Ugarte and the five other officers and their supervisor had violated his civil rights throughunlawful search and seizure, excessive force and malicious prosecution. “I don’t think they really understand how hard it is coming from that place, coming out of prison,” he said.
After more than two years of hearings and lengthy court filings, the city settled the case in 2020 for $85,000, but denied any wrongdoing.
In records provided to The Post, Chicago officials had not recorded Ugarte’s name with Williams’s settlement. The Post identified him as an officer involved in the case through Williams’s attorney, the amount and date of the payment and court records.
Williams’s attorney, Torreya L. Hamilton, said the case was the second one she had handled involving Ugarte. In 2017, the city paid $88,500 to a man she represented who also alleged that Ugarte wrongfully arrested him and was part of a team of officers that fatally shot a dog in front of a 12-year-old child.
“This same team of officers was busting into people’s homes and killing dogs. In front of kids,” said Hamilton, who began her career as a prosecutor and now focuses on police misconduct and whistleblower cases. In the past five years, Hamilton said 95 percent of her clients who have sued Chicago police for excessive force or wrongful arrests have been Black or Hispanic.
“Why are they still working?” Williams asked. “There’s no punishment. They can do what they want. There are no repercussions behind it.”
The Post’s analysis found Chicago had the highest rate of misconduct claims involving officers named in multiple cases. More than 70 percent of the city’s roughly 1,500 payments over the decade involved at least one officer with repeated claims.
Ugarte, 47, was “relieved of police powers” in October and reassigned to the department’s alternative response section, according to Anthony Spicuzza, a police spokesman. The division handles non-emergency calls. Spicuzza declined to answer questions about Ugarte’s work or the payments involving him. Ugarte joined the force in 2005, according to the Citizens Police Data Project,a Chicago-based nonprofit that tracks information about officers, including use of force, complaints and awards.
Ugarte did not return a Post reporter’s calls. Spicuzza did not respond to requests for a response from Ugarte.“Due to a pending investigation, we will not comment further,” Spicuzza said.
Poor communication
In Detroit, after receiving questions from The Post about the repeated payments involving Officer Moore and the raid at Murray’s home, police officials said they have begun to use the city’s claims data to monitor which officers are repeatedly named in lawsuits, to determine if they need additional training or should be reassigned or removed from the force.
Christopher Graveline, director of the professional standards unit for Detroit police, said his department as of September is working closely with the city’s legal department to identify officers with more than two lawsuits or claims and make sure they are “flagged” in the department’s risk management system.
Since The Post started asking the city about its repeat officers in September, 13 officers have been “flagged” for being sued multiple times and have been subject to “risk assessments,” according to a department spokesman.
“There wasn’t a good communication between the city law and police department. We weren’t being aware of settlements and potential judicial findings touching upon our officers,” Graveline said.
Graveline, who oversees internal affairs, said the department was often unaware of findings in civil cases, including determinations that officers had withheld evidence.
From 2010 to 2020, Detroit made 491 payments on behalf of officers, totaling nearly $48 million, records show. More than half were on behalf of officers with more than one claim.
In addition to the 10 payments on claims involving Moore in that time, The Post also documented three before 2010 and one in 2021. During Moore’s 23 years on the force, Detroit paid 14 claims arising from his police work.
Payments by category in Detroit
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Other civil rights claims$38,594,426
Payments under $100,000
Excessive force$8,159,050
False arrest$5,185,025
Categories not labeled above:
Other alleged misconduct — $273,950
Illegal search and seizure — $2,000
Note: Payments that are classified in multiple categories will appear in both categories in this graphic. Category totals may not add up to city totals.
Moore was part of the city’s narcotics unit, a division that conducts many search warrants, Graveline said.
Graveline declined to comment on Moore’s lawsuits but acknowledged other officers in the unit were not named in as many lawsuits. “That’s one of the reasons we are taking steps to actively identify officers with similar patterns with multiple lawsuits,” he said.
During a deposition in the lawsuit following the search of Murray’s home, Moore testified that he had always intended to raid that residence. He said the wrong address on the warrant was a typo.
Moore said an informant told him about drug dealing at Murray’s home. Moore also noted in his report that police found two tiny bags of marijuana during their search, which Murray disputes.
In a separate report, one of Moore’s colleagues wrote that he shot Murray’s Labrador because the dog charged them and was “showing teeth and growling.” Also in the report, the officermisidentified Murray’s dog as a “grey pit bull.”
“We are not just going into these houses killing people’s dogs for no reason. That would be ridiculous and absurd,” said Moore, who was in the house when his fellow officers killed Keno. “Unfortunately, I’ve killed quite a few dogs. I would say I’ve killed over 10, 15 animals in the course of my career.”
In response to questions from Murray’s attorney, Kenneth Finegood, Moore testified that while he was with the drug unit, he had been the subject of internal investigations “once or twice a month.” Moore, 49, also said he had never been found guilty of the accusations, which he said happened “constantly” when he was in narcotics.
Personnel records obtained through a public records request show Moore joined the department in 1996 and has received seven awards or commendations.
The records also show that Moore was reprimanded for failing to fill out a use-of-force report during a 2010 arrest and was suspended for five days for “willful disobedience of rules or orders” during a 2015 police chase. An investigation determined that Moore failed to notify the dispatcher of the initial traffic stop and then failed to broadcast the speed of the vehicle being pursued. The suspension was later overturned in arbitration.
Moore left Detroit in 2019 and is now an officer at the nearby Oakland County Sheriff’s Department, according to Detroit police and the sheriff’s department. The sheriff’s department did not answer follow-up questions.
Since Moore’s departure from Detroit, allegations about his conduct when he was an officer have continued to cost the city financially.
Last year, Detroit officials settled a man’s claim that Moore and three other officers tackled and injured him in 2016 as he stood on his front porch. Police said they were searching for a shooter who allegedly fit his description, according to the lawsuit. The city settled for $150,000.
Detroit reached a second settlement concerning Moore in 2020 when the city paid $10,000 to resolve a claim by two men who alleged that Moore and other officers illegally handcuffed and searched them in 2016.
During the encounter, Moore and his colleagues confiscated $579 from one of the men,according to the complaint.
Moore wrote he searched the man and found six Baggies of a “leaflike substance.” Police arrested the man on drug-related charges and towed his friend’s car.
The car’s owner had to pay $350 to retrieve his vehicle from the impound lot, the suit alleged.
In addition to the drug charge — which was later dropped — Moore gave the man a citation forloitering, a misdemeanor offense. Moore wrote the man was in a “known narcotics location.”
The man, according to the lawsuit, was standing in the driveway of his home.
Alice Crites, Nate Jones, Jennifer Jenkins and Monika Mathur contributed to this report.
To investigate how often payments were madeon claims of misconduct repeatedlyinvolving the same officers, The Washington Post filed public records requests with 50 of the largest city and county law enforcement agencies in the nation. The Post sought information on civil lawsuits and liability claims that resulted in payments between 2010 and 2020 and requested the names of the officers involved in those claims.
The Post obtained data for 25 of these departments from multiple sources: in some cases, financial departments; in others, law departments, legal counsel or the police department itself. Reporters then standardized and cleaned the data, identifying gaps in what was provided. Seventeen of the cities or countiesdid not provide the names of officers involved. New York City provided officer names in only a small percentage of cases.
Claims that did not resultin lawsuits represent a very small portion of thosedocumented. The Post relied on city and county agencies to provide officer names in those cases and most provided those names.
The Post also supplemented its data with other sources.
For Chicago, reporters used data compiled by the Chicago Reporter on police settlements from 2011 through 2017 to find officers named in the claims data the city provided to The Post, and then retrieved names in additional cases from 2010 and 2018 through 2020.
In Baltimore, officials directed The Post to the city’s Board of Estimates website, where reporters downloaded the text of all meeting minutes that mentioned police settlements. The Post compiled a database of cases from that, and looked up cases in the court system to find officers’ names.
In New York City, officialsdid not provide the names of officers involved in more than 30,000 cases; reporters used payment data since 2013 provided on the law department’s website to identify officers, and then retrieved names from pre-2013 claims from court cases.
Phoenix was the only city for which The Post was unable to identify the officers involved. Officials there did not provide officer data or enough information for reporters to confidently match claim amounts with court records.
In thousands of cases, the city, county or court records identified officers only as “John Doe,” “Jane Doe” or unknown, and The Post was unable to determine those identities. For the analysis of officers who were the subject of repeated payments, The Post did not count those claims. However, claims involving the unknown officers were included in the total claim amounts and counts for each department.
For the analysis, The Post also excluded the names of most senior officials at the departments. Most of the people removed were police chiefs, but a supervisor in the District was omitted from the analysis because he was named in 19 cases related to his police unit but the complaints did not directly involve him.
The Post excluded payments of less than $1,000, which helped to standardize data across departments based on variations in what was provided. Reporters also sought to remove internal legal fees from the analysis in the few places, including Portland, Ore., that provided them.
All claims were grouped into broader categories for analysis and presentation using the information provided by cities and counties. In cases for which they did not provide categorization, those claims were categorized as “Unclassified Allegations of Misconduct.”
The Post reached out to every department and city or county officials who provided the data multiple times for comment. At each department, the three officers or deputies involved in the most settlements were also asked for comment. The Post incorporated any comment from departments and officers on its published interactive.
Payments are based on allegations of misconduct by police, but departments rarely admit wrongdoing when resolving these cases.
Keith L. Alexander covers crime and courts, specifically D.C. Superior Court cases, for The Washington Post. Alexander was part of the Pulitzer Prize-winning team that investigated fatal police shootings across the nation in 2015. He joined The Post in 2001. He previously worked as a reporter for USA Today, BusinessWeek and The Dayton Daily News.
Steven Rich is the database editor for investigations at The Washington Post. While at The Post, he has worked on investigations involving the National Security Agency, police shootings, tax liens and civil forfeiture. He was a reporter on two teams to win Pulitzer Prizes, for public service in 2014 and national reporting in 2016.
Hannah Thacker is a copy aide at The Washington Post. Before joining The Post, Thacker worked at the National Journal, Freakonomics Radio and the GW Hatchet at George Washington University. While at The Post, Thacker has worked within news operations, the investigations department and the news product department.
Un reciente articulo del Washington Post (*) nos muestra unos datos que deberian hacernos reflexionar y tratar de revertir esta situacion. Una de los peligros, sobretodo en las mentes de las nuevas generaciones, es asimilar que es normal vivir con un nivel de violencia diversa, incluyendo la mortal, y en ello algunos programas de TV, juegos por internet o declaraciones violentas de algunos politicos radicales hacen que todo esto crezca, es decir, todo ello es como hechar gasolina a un fuego creyendo que ello ayudara a terminar con el incendio.
Las muertes con armas de fuego aumentaron en un 0,72 por ciento cada año, aumentando del 47 por ciento a casi el 51 por ciento, los investigadores encontraron. Eso está evolucionando y cuestan millones de años de vida potencial. Los investigadores encontraron que entre 2009 y 2018, los Estados Unidos perdieron 12,6 millones de años de vida debido a las armas de fuego solas.
El equipo usó centros para los datos de control y prevención de la enfermedad y los certificados de defunción. Durante el período estudiado, encontraron que las muertes con armas de fuego aumentaron en un 0,72 por ciento cada año, aumentando del 47 por ciento de las muertes de traumas a casi el 51 por ciento.
Cuando los investigadores calcularon los años perdidos en función de una esperanza de vida promedio de 80 años, encontraron que los hombres blancos, que constituyen la mayoría de las muertes con armas de fuego, perdieron la mayoría de los años de vida potencial debido al suicidio por armas, un total de 4,95 millones de años potenciales. Durante el período de estudio de década. Los hombres blancos menores de 45 años tenían un 46 por ciento menos probabilidades de morir por suicidio de armas de fuego que sus contrapartes mayores.
Los hombres negros tenían más probabilidades de morir de homicidio, perdiendo 3.2 millones de años potenciales. La mayoría que murió por homicidio tenían entre 15 y 24 años.
Aunque las mujeres tenían mucho menos probabilidades de morir debido a un arma de fuego, el suicidio de armas también estaba en aumento entre las mujeres; Perdieron más de 867,000 años de vida potencial debido al suicidio.
Los investigadores encontraron diferencias regionales marcadas en las tendencias, y señalan que el Sur, la región con el mayor número de armas de fuego registradas, tiene un nivel más alto de suicidio y homicidio relacionados con armas de fuego que el resto de la nación.
Los defensores de la segunda enmienda argumentan que el derecho a tener armas puede prevenir las muertes, pero los investigadores escriben: «Los datos revelan que el acceso resultante a las armas de fuego ha equipado a magnitudes de muerte debido a los suicidios de armas de fuego en los mismos individuos que exigen acceso a las armas de fuego». Piden más programas de prevención de suicidios adaptados dirigidos a aquellos en mayor riesgo, y la restricción de acceso a «todos los métodos de suicidio».
Si usted o alguien que usted conoce está en crisis, llame al Lifeline Nacional de Prevención del Suicidio en 800-273-Talk (8255), o envíe un mensaje de texto a la línea de texto de crisis (texto Hola a 741741). Ambos servicios son gratuitos y están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La Universidad de Columbia tiene uno de los mayores casos de registros de crimen y seguridad en la nación, de acuerdo con múltiples informes sobre educación superior.
Dichos casos se agrupan en los siguientes grupos:
Acciones disciplinarias
Arrestos relacionados a sustancias u objetos ilegales
Violencia contra las mujeres
Arrestos por crimenes mayores.
Si vemos mayor detalles (ver diagrama abajo), vemos que de un total de 412 casos los mas recurrentes son las acciones disciplinarias (74.8%). En segundo lugar estan los arrestos por crimenes mayores con 62 casos y un porcentaje de 15%.
El registro de la escuela sobre la seguridad de los estudiantes entró en cuestión cuando Davide Giri, de 30 años, un estudiante de Grad de Columbia de Italia, fue apuñalado y asesinado el jueves por la noche en Morningside Park, a pocas cuadras del campus universitario.
Tessa Majors, 18, un estudiante de Barnard College, fue apuñalado hasta la muerte dos años antes, también en Morningside Park.
«Asumir la responsabilidad de esto», el científico Roberto Donnianni, de 40 años, exigió la escuela donde una vez estudió. «En la Universidad de Columbia, son los mejores estudiantes del mundo. Tienes que protegerlos «.
Donnianni y su esposa, Giulia Papiani, de 38 años, se detuvieron el sábado en un memorial de la acera a GIRI en la calle 123ª calle y la avenida de Ámsterdam, donde el estudiante de Columbia sangró hasta la muerte.
Columbia fue testigo de los 412 incidentes relacionados con la seguridad en 2019, el año pasado para el cual se dispone de datos, según el Ficha College, que proporciona datos universitarios a futuros estudiantes y sus familias.
Solo el 4,5 por ciento de las 3,990 escuelas en todo el país, que informaron los datos del delito y la seguridad registró más incidentes que Columbia, los estados del informe.
Los principales delitos, como el asesinato, la violación, el robo, el asalto agravado o el incendio incendiario, comprendieron el 15 por ciento de los incidentes informados en Columbia, la violencia contra las mujeres al 9.7 por ciento.
«Cuando un estudiante va a la escuela, siento que tienen derecho a un cierto nivel de seguridad que no se les ha proporcionado», dijo el Crowover de la estudiante de Graduate MAX, el espectador de Columbia.
El demócrata y la crónica, citando los datos del Departamento de Educación de los EE. UU., Informaron que el campus de Morningside Heights de 31,000 registró un spike del 45 por ciento en el crimen en 2019, a 83 de 57 incidentes.
Solo 41 escuelas en todo el país reportaron más delitos en 2019, según los datos del DOE.
Catorce personas encarceladas en el sistema de cárcel de la ciudad de Nueva York han muerto desde el 2020 de diciembre, al menos seis aparentemente por suicidio. Baños desbordantes y plagas de moho son comunes en las cárceles. Un monitor designado por el tribunal federal ha emitido un informe cada vez más mordaz que describe una profunda mala gestión y violencia desenfrenada. (*)
La escasez de personal compuso estos problemas. A principios de octubre, alrededor del 30 por ciento de los oficiales de corrección de la ciudad de Nueva York no estaban disponibles para trabajar con personas encarceladas. Los oficiales que se presentaron a veces se presionaron en turnos dobles o triples.
Algunas unidades carcelarias estan muchas horas sin ningún oficial dentro. Los encarcelados en Rikers, el principal complejo de la cárcel de la ciudad de Nueva York, con frecuencia se destinan sin los servicios más básicos, citas médicas, fechas judiciales, duchas, visitas familiares, servicios religiosos y más. Las cárceles están inundadas en armas, en su mayoría de metal y plástico fabricados a partir de los restos y accesorios desmoronados de los edificios. Prácticamente no hay personal disponible para buscar y confiscarlos de forma rutinaria.
El 90 por ciento de los seres humanos sometidos a prision no pueden pagar la fianza. Casi 1.600 han estado esperando un juicio durante más de un año. Casi 700 han estado esperando más de dos. Estos casos pueden subir tanto la epidemia actual como la violencia de la cárcel. La crisis moralmente inaceptable y que amenazan la vida en Rikers Island ha cristalizado la necesidad de cerrar permanentemente sus cárceles largas disfuncionales. Pero hasta que estén encarcelados, debemos promulgar estrategias seguras, pragmáticas y razonables para reducir la población encarcelada a un nivel que el Departamento de Corrección pueda manejar de manera realista.
Como ex juez principal del Estado de Nueva York y como Presidente de la Comisión de Rikers, insto a nuestros funcionarios públicos a actuar antes de que se destrozen más vidas. Hay una serie de pasos de sentido común que el gobierno puede tomar para reducir de forma segura la población de la cárcel.
Durante muchos meses, el coronavirus forzó a los tribunales a poner pruebas en espera casi por completo. Y ahora, cada vez que un juez, persona en juicio, abogado, testimonio o miembro del personal de la sala de tribunal está expuesto a COVID-19, le da a los procedimientos judiciales. Actualmente, según las directrices del Departamento de Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, los ajustes interiores como los tribunales deben mantener al menos seis pies de distancia entre las personas. Eso, en general, significa que más de una sala de audiencias deben dedicarse a cada prueba, limitando severamente cuántos ensayos pueden ocurrir a la vez. Para acelerar los casos penales y reducir el número de personas en RIKERS, el sistema judicial debe tener la flexibilidad para mantener los ensayos sin las restricciones pandémicas actuales e ineficientes.
Si bien el coronavirus es, sin duda, aún así, una grave preocupación, incluso en las cárceles de la ciudad, donde las tasas de positividad de COVID-19 están por encima de las de la ciudad en general, los casos han estado rechazando en general. Se requiere que todos en los juzgados usen una máscara. Los oficiales de corrección deben ser vacunados antes del 1 de diciembre.
La lógica nos dice que a medida que las tasas de vacunación aumentan y las tasas covid continúan disminuyendo, sujeto a evidencia científicamente basada en el contrario, podemos reducir el distanciamiento social a un mínimo de tres pies entre las personas con máscaras, al igual que los centros para el control de la enfermedad y La prevención ahora recomienda para los niños en la escuela.
El gobernador Kathy Hochul debería dirigir a las autoridades de salud estatales a revisar sus directrices de inmediato. Ajustar esas directrices para obtener un mejor acuerdo con las realidades de COVID actuales ayudaría a los tribunales a procesar los casos a procesar más rápidamente y ayudaría a reducir el número de personas encarceladas en Rikers en un momento dado.
El gobernador y el alcalde Bill de Brasio también deben continuar su colaboración y comenzar a mover al 17 por ciento de las personas en Rikers con una enfermedad mental grave de las cárceles desestabilizantes y en las instalaciones de tratamiento. Tres prisiones de estado de estado de Nueva York en Manhattan se sientan vacías o infrautilizadas. Fueron el gobernador Hochul para transferirlos a los controles a la ciudad de Nueva York, dos podrían modificarse para acomodar a cientos de personas en Rikers con serias enfermedades mentales que necesitan entornos terapéuticos.
La tercera prisión debe convertirse rápidamente en una instalación para mujeres encarceladas, el 80 por ciento de las cuales han sido tratadas por enfermedades mentales y personas transgénero. Debe ejecutarse lo más posible por organizaciones sin fines de lucro con experiencia que brinde atención a los traumas. Eso aseguraría que las mujeres y las personas transgénero nunca vuelvan a encarcelar a Rikers, donde las quejas de agresión sexual han sido más del doble del promedio nacional para las cárceles. También reduciría significativamente el tamaño de la cárcel a punto de ser construida en Queens, que, cuando se abre, está programado para albergar a todas las mujeres encarceladas de toda la NYC.
El alcalde de Blasio se ha comprometido a abrir casi 400 camas seguras en las instalaciones de salud y hospitales de Nueva York para personas con necesidades mentales y físicas graves. Más de 100 están programados para estar en línea en diciembre de 2022, y el resto probablemente no estará disponible por dos años o más. Necesitamos estas camas mucho antes.
La ciudad también debe acelerar el desarrollo de viviendas de apoyo para las personas con enfermedades mentales graves para ayudar a evitar que sean arrestados en primer lugar. Las opciones adicionales de tratamiento para pacientes hospitalizados y ambulatorios en la comunidad ayudarían a que estas personas se mantengan y se mantuvieran en pie. En ausencia de tales opciones, los jueces se dejan con demasiada frecuencia con una decisión entre encarcelar a alguien con una enfermedad mental grave preventiva o liberándolos sin ayuda a las calles.
(A former chief judge of the State of New York and of the New York State Court of Appeals, Jonathan Lippman is of counsel at Latham and Watkins LLP. Autor de este comentario que me he permitido traducir y resumir: CTsT)
Este caso, suicidio o asesinato, me llamo la atencion recientemente por 2 razones:
Es posible que una joven profesora; sin razon aparente, se suicido con 20 cuchilladas por ella misma.
Los padres de la joven; despues de casi 10 anos de su muerte, han regresado a los juzgados para reclamar que lo de su hija fue un homicidio.
Ellen Greenberg fue encontrada muerta, con 20 cuchilladas, en 2011
¿Tiene veinte heridas de puñaladas y es un suicidio? No tiene sentido dicen los padres de la victima como parte del titular de un reciente articulo del Washinton Post (1)
Esta historia comenso el 2011 cuando un médico en Pennsylvania-USA, concluyo que la muerte de Ellen Greenberg fue un suicidio; después de que ella sufriera veinte heridas de puñaladas.
Después de luchar por más de una década, los padres de Greenberg tienen bases suficientes para avanzar con un juicio civil, de acuerdo con un fallo de un juez. Los padres de Greenberg están demandando para cambiar la causa de muerte de su hija a homicidio en lugar de suicidarse.
Esto nos lleva a varias preguntas: ¿Como un medico determino que fue un suicidio? ; Porque se demoraron casi una decada en presentar esta nueva demanda?.
Acaso sera que las fotos bonitas ocultan unas vidas privadas totalmente diferentes? o sera que paso algo imprevisto que no fue detectado o se pudo comprobar?
Ellen Rae Greenberg was found dead in her apartment in January 2018 with 20 stab wounds. People ruled it a suicide. But was it?
Ellen Greenberg era una maestra de primer grado de veintisiete años que llegó a casa temprano una tarde debido a una tormenta de nieve pronosticada. Según fuentes, ella volvió a su apartamento alrededor de una por la tarde. Su padre, Josh, la describió como una persona «muy, muy buena y cariñosa». (1)
Al día siguiente, su novio Sam Goldberg la encontró muerta, con 20 heridas de puñaladas.
Según la policía, ella misma se había apuñalado en su cabeza, cuello, torso y pecho. Ademas tenia mas de 10 puñaladas en la espalda.
Los funcionarios médicos declararon su muerte por suicidio en lugar de un asesinato.
Nash es el sistema que la mayoría de los médicos o forenses usan para determinar la causa de la muerte. Nash es un acrónimo para las cuatro posibles causas de muerte que los examinadores pueden enumerar en un certificado de defunción: causas naturales, accidentales, suicidios o homicidios. (2)
Las causas naturales pueden ser cualquier cosa, desde un ataque cardíaco hasta el cáncer. La muerte accidental se refiere a accidentes automovilísticos o caídas mortales. El suicidio (uno mismo se mata) y el homicidio (te matan uno o varios).
En este caso, hay dudas. Según los funcionarios, no hubo signos de entrada forzada, y no había otros signos de un intruso como la propiedad robada o una puerta descompuesta. Además, los funcionarios citaron la historia de la ansiedad y las prescripciones de Greenberg que tienen efectos secundarios, incluida la ideación de suicidio, como prueba suficiente para gobernar la muerte por suicidio y no un homicidio.
Veinte heridas de puñaladas aparecen más en el ámbito del asesinato no resuelto que el suicidio. Es por eso que los padres de Ellen Greenberg han estado luchando para cambiar la causa de la muerte al homicidio durante más de una década. Según una petición de cambios.
«Después de gobernar inicialmente la muerte de Ellen como un homicidio, el oficial del examinador médico de Filadelfia, a la insistencia de la policía de Filadelfia, se invirtió sospechosamente semanas después y declaró que la muerte de Ellen era un suicidio. Los mejores patólogos forenses están de acuerdo en que el caso es altamente sospechoso de asesinato «.
«No tiene sentido», dijo el abogado de Greenbergs, Joseph Podraza, dijo a Washington Post.
Dijo que los padres de Greenberg están motivados por una fuerza impulsora: el amor.
«Quieren saber qué le pasó a su hija», dijo. (1)
Este es un caso que me parece interesante de analizar y ver los detalles para acercarnos a la verdad de lo que paso, porque paso y como paso. Como expreso la mama de la profesora al Washington Post:
«Esperamos con interés el juicio con la esperanza de obtener justicia para Ellen», le dijo a Kyw-TV , Sandra Greenberg, la madre de Ellen.
En las ultimas semanas ha tenido gran publicidad la desaparicion y luego aparecio el cuerpo de la joven neoyorquina, Gabby Petito (22). Lamentablemente aparecio su cuerpo y el FBI dice que es probablemente un asesinato. Asimismo su novio Laundrie (23) con quien estaba viajando alrededor de USA, considerado como persona de interes, se encuentra desaparecido.
Lo triste de esta noticia o dramatico desenlace es que acabo con la vida de una joven que pudo ser evitado. Aqui se vio algunas fallas de la policia y del FBI. Hay videos, dentro de sus viajes, donde habian tenido problemas y Gabby aparece llorando en un video cuando la policia los detuvo; pero la policia no le dieron mayor importancia. Asimismo, cuando el novio (Laundrie) regreso a su casa, sin Gabby, y se le entrevisto; pero no lo detuvieron.
Quizas, todo esto se debe a que eran jovenes y creen que estas conductas son parte de su edad y de vivir «la vida loca», llena de aventuras y/o diversiones; pero cuando todo lo anterior tiene algunos factores como problemas mentales, drogas o agresiones verbales y fisicas; entonces la situacion se pone peligrosa y puede terminar en asesinato como todo indica en el caso de Gabby.
Por otro lado, estos casos son mas comunes de lo que parece en muchos paises, incluyendo en USA. Lo que aqui se cuestiona es la gran publicidad a Gabby, por ser una joven y atractiva mujer blanca, y no hacer lo mismo con otro tipo de mujeres, generalmente afroamericanas, hispanas o de otras minorias que no captan esta atencion publicitaria mayoritaria.
Quizas el caso de Gabby es singular; pues ella era asidua usuaria de las redes sociales y en su pagina de FB , Instagram o YouTube, iban documentado o mostrando su viaje con su novio y ponian unas fotos que parecian la pareja mas feliz del mundo.
Ademas ella una neoyorquina (Long Island) que estaba haciendo un viaje turistico a traves de varios estados de USA.
Gabby Petito (22), poco tiempo antes de morir asesinada…
A continuacion presento un resumen de un diario local de Long Island (New York), de donde Gaby y su «novio asesino» eran nativos. (*):
Una tragedia altamente publicitada sufrida por una larga familia de la isla en las últimas semanas tocó inadvertidamente una herida profunda por los estadounidenses negros (afroamericanos).
¿Por qué, muchos afroamericanos preguntan, hay más atención con tanta frecuencia a las víctimas blancas de delitos o crimenes que a las víctimas de color?
La implicación es que las vidas negras no importan tanto como la vida de los blancos a los ojos de muchos estadounidenses. De hecho, la pregunta dio lugar a un movimiento. ¿Hay verdad para eso?
Es una pregunta justa, y una que me hace un poco incómodo porque, si soy completamente honesto, instintivamente diferencia los delitos en mi mente basados en dónde ocurren. Ojalá no lo hiciera, pero lo hago.
Si me encuentro con un título de periódico sobre un asesinato en un hoja suburbana de hojas, sigo leyendo. Me sorprende como noticia porque es raro. Si veo un titular sobre un tiroteo de la ciudad interior, es más probable que flieve la página, no porque no me importa, y no por la raza de la víctima, sino porque no me parece. Noticias. Ahí radica una tragedia. Hay demasiados homicidios en comunidades en gran parte negras, y muchos de nosotros nos hemos iniciado.
La muerte de Gabby Petito capturó gran parte de la atención de la nación porque era una joven suburbana en un viaje por carretera al oeste. Un accidente de carretera habría sido trágico, pero no habría obtenido mucha cobertura de noticias. ¿Pero un homicidio con un novio huyendo?
Ha habido tantos elementos misteriosos a la historia de Petito de que es difícil dejar de leer al respecto. Los motivos de la ayuda de sus padres, junto con videos de Petito, hicieron que millones de nosotros sintieramos como si hemos perdido a alguien que hemos llegado a conocer. Abrimos nuestros corazones a su historia, y duele.
¿Duele más para aquellos que compartimos la demográfica racial y socioeconómica de Petito? ¿Es por eso que estamos tan interesados, al menos parcialmente? Es posible, pero no estoy seguro de que haya nada siniestro en eso. Sentimiento de extraños que se parecen más a nosotros pueden ser algo natural, aunque no es algo que muchos les importaría admitir. Sin embargo, cuando conocemos a la víctima, realmente conozca a la víctima a nivel personal: la raza y la geografía son inmateriales. La pena no conoce fronteras.
La población de EE. UU. Todavía es predominantemente blanco no hispano, 57.8% de la población a partir de 2020, mientras que los afroamericanos constituyen el 13,4%. ¿Podría ese simple hecho explicar por qué tantos americanos blancos brillan sobre historias de víctimas de delitos negros? No compraría eso si fuera negro. Sentiría que la gente no valora la vida de mis hijos debido a su raza. Eso debe ser doloroso. Profundamente así.
Esta conversación no es nueva en América (USA). Es un tema que se produce una y otra vez, y debería. En una nación fundada sobre el principio de que todos los hombres son creados iguales, debemos esforzarnos por valorar los demás vidas de manera equitativa.
Pero en la vida cotidiana es difícil. Desarrollamos prejuicios sobre el crimen en las comunidades minoritarias sin siquiera saberlo. Hemos venido a esperar, he llegado a esperarlo, y al hacerlo, perdemos de vista a las víctimas.
Todo lo que podemos hacer, supongo, está abierta voluntariamente nuestros ojos, y nuestros corazones, un poco más anchos.
Hay personas que tienen enfermedades mentales serias; pues atacan, hieren o matan a personas que se les cruza en el camino, sin motivo alguno. Evitar dichos encuentros es basicamente imposible pues ocurren al azar o de forma imprevista.
En este caso quedo grabado en video; pues fue en unos cajeros del banco Chase en el Bajo Manhattan de New York.
Las imágenes o fotos; ademas de las huellas digitales y hasta dejo el hacha despues de herir a la victima y destrozar la pantalla de los cajeros.
La víctima de 51 años quedo malherida; pero su lucha le salvo la vida; pues evito que los hachazos que recibio le cayeran directamente en sus organos vitales (corazon, cara o cerebro)
Otras fotos muestran los paramédicos que envuelven su cabeza lesionada en gasa y lo cargan a una ambulancia.
La escena se desarrolló después de un incidente capturado en cámara durante el cual el hombre fue atacado sin previo aviso al usar un cajero automático alrededor de las 5:20 p.m.(Domingo ), por un agresor que le golpeo repetidamente con un hacha. (*)
El sospechoso ha sido identificado como Aaron García, 37, un veterano del ejército estadounidense cuya madre le dijo a la publicación que comenzó a sufrir de «locura pura» después de su alta del ejercito USA.
García se escapó después del ataque de hachet, pero fue arrestado por policías que lo atraparon supuestamente rompiendo las ventanas de automóviles y escaparates estacionados en Chelsea alrededor de las 10 p.m.
García ha sido acusada de intento de asesinato y asalto, y estaba esperando una acusación en la Corte Penal de Manhattan, según la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan.
Haiti es un pais que ademas de pasar con problemas economicos serios, que lo mantiene como el pais mas pobre del continente americano, se suma otras tragedias como el asesinato de su presidente por un grupo de mercenarios. Y unamas reciente como un terremoto con saldo tragico en perdida de vidas como recuerdo en un resumen reciente de la agencia AP :
Los funcionarios haitianos levantaron el costo de la muerte de un terremoto de fin de semana mortal en más de 500 después de que Tropical Storm Grace forzó una parada temporal para buscar y rescatar los esfuerzos, un retraso que alimentó la creciente ira y la frustración entre miles de personas sin hogar.
En Grace Bathed Southwestern ,Haití, que fue golpeado más duro para el terremoto del sábado, y los funcionarios advirtieron que algunas áreas podrían obtener 15 pulgadas (38 centímetros) de lluvia antes de que la tormenta se moviera. La lluvia intermitente cayó en la ciudad dañada por el terremoto de Les Cayes y en la capital de Port-Au-Prince.
El martes por la tarde, la Agencia de Protección Civil planteó el número de muertos a 1,941 y el número de heridos hasta 9,900, muchos de los cuales han tenido que esperar a la ayuda médica.
La devastación se centra en el área del sudoeste del país, donde la atención médica ha alcanzado su maxima capacidad y las personas han perdido hogares y seres queridos.
La paciencia se estaba agotando en la nación más pobre del hemisferio occidental. Los haitianos ya estaban luchando con el coronavirus, la violencia de pandillas, empeorando la pobreza y el asesinato del 7 de julio del presidente JOVENEL MOïSE cuando el terremoto golpeó.
Los cuerpos continuaron siendo retirados de los escombros, y el olor a la muerte colgaba fuertemente sobre un edificio de apartamentos de tres pisos. Una simple lámina de cama cubrió el cuerpo de una niña de 3 años que los bomberos habían encontrado una hora antes.
El vecino Joseph Boyer, de 53 años, dijo que conocía a la familia de la niña.
«La madre y el padre están en el hospital, pero los tres niños murieron», dijo. Los cuerpos de los otros dos hermanos se encontraron antes.
El jefe de la oficina de Haití de la protección civil, Jerry Chandler, reconoció la situación. evaluaciones del terremoto tuvieron que ser detenido a causa de la fuerte lluvia, «y la gente se está agresivo», dijo el martes Chandler.
Algunos niños se quedaron huérfanos por el sismo y algunos jóvenes estaban empezando a pasar hambre, dijo Carl-Henry Petit-Frère, un gerente de campo de Save the Children, que dijo en un comunicado que estaba distribuyendo lo que pudo para las personas que viven en las calles sin protección contra el viento y la lluvia.
Unos 20 soldados finalmente se presentaron para los equipos de rescate de ayuda en el edificio de apartamentos se derrumbó.
Antes de eso, la única ayuda que llegó fue de voluntarios mal equipados.
«Todo lo que tenemos son mazos y las manos. Ese es el plan», dijo el voluntario canadiense Randy Lodder, director de la Escuela Cristiana Adoración en Haití.
Sarah Charles, administrador adjunto de la Agencia de EE.UU. para la Oficina de Desarrollo Internacional para la Asistencia Humanitaria, dijo que sus equipos de respuesta se vieron obligados a suspender las operaciones cuando la tormenta llegó el lunes, pero los miembros estaban de vuelta el martes para evaluar su impacto y seguir ayudando.
«No anticipamos que el número de muertos relacionado con este terremoto estará cerca del terremoto de 2010, donde murieron más de 200,000 personas», dijo Charles a los periodistas.
La escala del daño también no era tan grave como ese terremoto, dijo, agregando: «Eso no es lo que estamos viendo en el suelo ahora mismo».
En una declaración, el Comando Sur de los Estados Unidos, dijo que estaba moviéndose ocho helicópteros de Honduras a Haití y que los siete cortadores de guardia costera de los Estados Unidos estaban en ruta para apoyar al equipo de USAID. Dos cortadores ya están allí junto con dos helicópteros de la Guardia Costera y Aviones de Poseidón de la Marina P-8 de los Estados Unidos que están tomando imágenes aéreas de áreas devastadas por terremotos, según la declaración.
El esfuerzo se estaba montando «para proporcionar el tipo de respuesta de emergencia que sea necesaria en una tragedia humana y catástrofe como este», dijo Jake Sullivan Jake Sullivan en la Casa Blanca.
John Morrison, Oficial de Información Pública de Fairfax Co. (Virginia) Búsqueda urbana y rescate, dijo que su equipo todavía estaba tratando de encontrar sobrevivientes. Dos helicópteros de la Guardia Costera de los EE. UU. Habían ferrificado a los buscadores a seis comunidades afectadas el lunes.
«El equipo informa que la comida, los servicios de atención médica, el agua potable segura, la higiene y el saneamiento y el refugio son necesidades prioritarias», dijo Morrison. Añadió que los rescatistas no habían visto ningún signo de personas atrapadas vivas en edificios.
U.N. El portavoz Stephane Dujarric dijo a los periodistas el martes que la Organización había desembolsado $ 8 millones a sus agencias para que pudieran obtener suministros que necesitan de inmediato. Dijo que la U.N. está «desempeñando un papel principal» que apoya a Haití, pero agregó que «el gobierno tiene las responsabilidades principales».
«Creo que la lección aprendida es siempre para una coordinación mejor y mejorada para no ver las escenas caóticas que teníamos» después del devastador terremoto del país, dijo Dijarric Dijarric. «A veces vemos dónde están los países, con la mejor intención de las intenciones, el envío de la ayuda que puede no ser necesaria. … Entonces, creo que la lección aprendida es siempre una mejor coordinación mejor y más mejorada para evitar los residuos y evitar los redundancias».
Los funcionarios dijeron que el terremoto de magnitud 7.2 destruyó más de 7,000 hogares y dañó casi 5,000, dejando a las 30,000 familias sin hogar. Los hospitales, escuelas, oficinas e iglesias también fueron demolidos o mal dañados.
Etzer Emile, un economista haitiano y profesor en la Universidad de Quisqueya, una institución privada en Puerto Príncipe, dijo que el terremoto casi seguramente resultará en una pobreza más a largo plazo para la región del suroeste de la lucha de Haití.
Port-au-Prince after the earthquake.
La inestabilidad política y la criminalidad de pandillas a lo largo de las carreteras del sur de la región tienen una actividad económica en los últimos años.
«El terremoto acaba de dar un golpe fatal a una economía regional ya en sus rodillas durante aproximadamente 2 1/2 años» .
A continuacion, abajo, veamos datos actualizados al 21 agosto 2021 (*)
El terremoto de magnitud de 7.2 que golpeó a Haití hace una semana ha devastado al país, matando al menos a 2,189 personas y presenta la vida de aproximadamente 1,5 millones de personas al oeste de la capital, Puerto Príncipe. Estas personas carecen de asistencia médica, refugio, agua corriente y comida. Para agravar esta catástrofe, han tenido que lidiar con las inundaciones y los deslizamientos de lodos provocados por la gracia tropical de la gracia y la violencia de pandillas que amenazan a los convoyes que llevan equipos y suministros.
Nuestro país aún se está recuperando del terremoto de 2010, cuando la mala gestión de la ayuda extranjera dificultó los esfuerzos para ayudar a los haitianos. Ahora, la pregunta es cómo la nueva ayuda que comienza a llegar puede ser mejor utilizada para satisfacer las necesidades de los sobrevivientes y evitar los errores graves del pasado.
Hay una respuesta: confía en las redes de base haitianas que están en contacto directo con las víctimas y tienen un registro de los esfuerzos de alivio de coordinación.
Los haitianos son especialmente vulnerables este año. A raíz del asesinato del presidente JOVENEL MOïSE el mes pasado, la situación política permanece en flujo, y el gobierno de facto está luchando para garantizar que la ayuda pueda transportarse de manera segura desde la capital hasta el área de desastres.
Sin embargo, muchas organizaciones en el terreno han estado respondiendo a las necesidades locales, como lo han hecho durante años. Trabajan con grupos raíz de hierba en salud, educación y desarrollo que se mantuvieron después del terremoto de 2010, y con agencias especializadas de las Naciones Unidas. No hacen titulares, pero estas pequeñas organizaciones haitianas están realizando el trabajo esencial de la entrega de servicios básicos a los residentes después de los desastres.
Desde 2010, Haití ha sufrido cuatro terremotos, cuatro huracanes y un brote devastador de cólera. Cada uno requirió ayuda humanitaria urgente. Pero el gobierno haitiano y varias organizaciones internacionales no han podido garantizar que la asistencia llegue a personas desesperadas en aldeas remotas. Averiguar cómo hacerlo esta vez será clave para la recuperación del país.
En las caras de las personas afectadas por el terremoto de la semana pasada, veo el mismo coraje increíble, el mismo espíritu indomable que vi 11 años antes después del terremoto que se estima que ha matado a más de 230,000 personas. Pero también veo la misma llamada de ayuda. En 2010, acababa de retirarme de mi posición como portavoz de las Naciones Unidas cuando me pidió que servía nuevamente como asesor principal de su misión de mantenimiento de la paz en Haití, conocido como MINUSTAH.
Actué como un enlace entre las Naciones Unidas y el gobierno haitiano, ya que los plazos de avión de asistencia internacional estaban transmitiendo a un país sin estar preparado para ello. La misión acababa de perder a 102 paces y líderes superiores en el terremoto. El gobierno haitiano también estaba en desorden después de que murieran muchos de sus mejores funcionarios públicos. El terremoto destruyó partes del palacio nacional y los edificios del ministerio.
En el caos que siguió inmediatamente al terremoto, muchas celebridades y donantes bien intencionados de grupos internacionales y religiosos intentaban decidir cómo y dónde usar la ayuda que habían recaudado. En muchos casos, no lo consultaron con las organizaciones de base de base sobre las necesidades más apremiantes de las personas. Los esfuerzos de socorro a menudo eran contraproducentes, ineficaces y desperdiciados.
Podemos absorber las lecciones de errores anteriores. Cuando las comunidades locales participaron en la respuesta al terremoto de 2010, la distribución de ayuda mejoró. Podemos buscar y escuchar sus voces y dar dinero directamente a las familias, que conocen mejor cuáles son sus propias necesidades. Al comprar y distribuir alimentos a las poblaciones necesitadas, deberíamos tener cuidado de no socavar a los agricultores locales.
Simplemente preguntando a los residentes lo que necesitan pueden evitar errores. Todavía recuerdo los intentos caóticos de dejar caer alimentos y kits de agua de helicópteros a los residentes cerca de Port-Au-Prince. En los sitios de distribución donde las personas redimieron los vales de alimentos, las personas a menudo se cortan por delante de los demás. Las organizaciones locales sugirieron que las mujeres reciben cupones de alimentos primero. Asumieron legítimamente que las mujeres se asegurarían de que los niños sean alimentados y que la comida sería bastante compartida en sus hogares.
Con el esfuerzo de recuperación internacional en una etapa temprana, podemos priorizar dichas voces y escapar del ciclo de Haití de «Déjà Vu» repensando cómo llega la ayuda a las personas que lo necesitan. Como dice un proverbio haitiano, «Hombres Anpil Chay Pa Lou»: con muchas manos, la carga se ilumina.
En general es:
1) Scanning: Identificar el tipo de crimen, evidencias físicas, lugar y relacionarlo con otros crimenes parecidos.
2) Analysis: Extender las causas del crimen o desarrollar hipótesis, lógicas o científicas, sustentadas en los hechos observados.
3) Response: Desarrollar o implementar soluciones reales al caso policial ocurrido.
4) Assessment: Determinar el impacto del hecho criminal o policial en el entorno.
5) Conclusiones y Recomendaciones.
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