Al menos un millón de niños de América Latina están atrapados en redes de prostitución y pornografía y son ofrecidos a empresarios y políticos, dijo la ex fiscal mexicana y asesora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Alicia Elena Pérez Duarte.
En México, en concreto, unos 30 millones de mujeres han sido víctimas de la violencia y unos 10 millones han padecido abusos sexuales, y de éstos un 70 por ciento ocurre en su entorno familiar y apenas el 5 por ciento de estos delitos se denuncian, añadió.
La ex fiscal para delitos contra mujeres renunció a su cargo en diciembre pasado después de que la Suprema Corte considerase como «no graves» las violaciones de los derechos humanos en el caso de la periodista Lydia Cacho, quien fue detenida y amenazada de muerte por policías del estado de Puebla como represalia por denunciar una red de pederastas en su libro «Los demonios del edén».
En ese libro, Cacho desenmascaró al empresario Jean Succar Kuri, que era protegido por el empresario Kamel Nacif, y su red de protección incluía también políticos en el estado de Puebla (centro).
Según datos de organizaciones civiles, cada año en México son registrados como robados o desaparecidos un promedio de 20.000 casos de niños, y la mayoría de ellos tienen como destino la prostitución, la explotación laboral o son vendidos en «adopción» a parejas de extranjeros.
De acuerdo con las cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del Centro de Búsquedas de Niños Desaparecidos, en México hay entre 100.000 y 130.000 menores de los que sus familias desconocen su paradero.
Pérez Duarte afirmó de que la mayoría de estos menores son víctimas de redes nacionales e internacionales que los prostituyen o usan para la pornografía.
Muchas de las menores centroamericanas son capturadas en la frontera sur mexicana y con promesas las enganchan para llevarlas al norte del país.
La ex fiscal explicó que en México existen dos grandes servicios de prostitución infantil: uno, el que se ofrece a empresarios y altos funcionarios en hoteles como «servicios ejecutivos» y que se enmascaran como un servicio de masajes o de acompañantes.
El segundo tipo de prostitución, dijo, se efectúa con el servicio a fiestas de políticos, legisladores, funcionarios y hasta jueces locales, donde los proveedores llevan niñas para que los hombres «relajen sus tensiones».
Argumentó que no puede ofrecer nombres por la seguridad de las mujeres que denunciaron estos hechos cuando ella era fiscal (2006-2007).
Puso como ejemplo el caso de una fiesta donde participó el procurador del estado de Jalisco Tomás Coronado en enero pasado, en donde hubo prácticas sexuales con menores de edad, afirmó.
Pérez indicó que entre las redes hay vínculos internacionales, pues «si un cliente en Tailandia quiere una niña de Chiapas, desde aquí se la envían».
Agregó que hay incluso catálogos con fotografías de estas menores que son utilizados por las redes de traficantes, y que un caso notorio fue el de un alto funcionario de la Procuraduría en Ciudad Juárez en el gobierno anterior a quien le descubrieron en su escritorio un álbum de estos.
«No es que fuera parte de una investigación, ni tampoco que fuera un cliente de las mafias, sino que era un proveedor de menores», explicó la ex fiscal mexicana.
Relató que otro caso fue el de una menor de 16 años que desapareció de su casa y varios años después de investigar fue hallada como concubina de un capo del grupo de sicarios del narcotráfico conocidos como «Los Zetas», y aunque la Fiscalía contaba con toda la información no se hizo nada.
Pérez Duarte dijo que en muchos casos de violencia y prostitución de mujeres y menores están involucrados agentes policiales y capos del narcotráfico, en complicidad con altos funcionarios.
Explicó que en los 22 meses que estuvo al frente de la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra mujeres se recibieron 96 denuncias de menores desaparecidas, y que de éstas lograron localizar a 36, de las cuales 28 habían sido víctimas de las redes de traficantes de personas.
* Fuente: EFE (03/01/2008)
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