Toman anticonceptivos porque saben que serán violadas en Mexico

La Arrocerra en Chiapas, Mexico, es un lugar donde la advertencia a los migrantes es sobre asesinatos, robos donde desnudan a las víctimas y violaciones sexuales a mujeres e incluso a hombres.

En Nicaragua le dijeron que aquí había un lugar llamado La Arrocera, y que era lo más espantoso del camino. Raúl Martínez recordó la advertencia al descender de la combi donde viajaba con otros ocho inmigrantes centroamericanos, antes de llegar a la caseta de revisión de El Hueyate, 45 kilómetros al norte de Tapachula. “Se me había olvidado lo que me contaron al salir: que ahí ocurren asesinatos, que te agarran y te desnudan, que violan, que te hacen lo que quieren. Y sentí temor”.

La Arrocera debe su nombre a una antigua bodega de granos construida a la orilla de la carretera, ya en desuso, pero en realidad es el ejido Aquiles Serdán, cuya vocación formal ha sido el cultivo de café. Comprende un terreno de vegetación densa, surcado por caminos de extravío, al pie de una cadena montañosa en el municipio de Huixtla, desde cuyas mesetas los asaltantes acechan el paso de quienes se internan. Lo que ocurre en ese trayecto de unos seis kilómetros de largo le ha dado fama, por la manera despiadada con que se ataca a niños, mujeres y hombres.

“La violencia en ese punto es atroz y ha ido en aumento”, dice Fermina Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula. “Hemos visto que los habitantes circunvecinos hallaron en los migrantes un modus vivendi. En La Arrocera se ha perdido cualquier vestigio de solidaridad hacia los centroamericanos”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) reporta la captura de 700 indocumentados cada mes, desde principios de 2009. Es una cifra que revela poco, de acuerdo con el cónsul de El Salvador en Tapachula, Nelson Cuéllar. Nadie lleva un conteo preciso de las legiones que cruzan por esa trampa, afirma. Pero en el municipio de Arriaga, a 300 kilómetros, en los linderos con Oaxaca, Carlos Bartolo Solís, administrador del Hogar de la Misericordia, albergue al que llegan quienes han sobrevivido a La Arrocera, calcula que cada año pasan por ahí unos 200 mil centroamericanos.

No es una suma definitiva, aclara, pero “sí muy real”. Y de esa cantidad de peregrinos, autoridades y derechohumanistas han concentrado testimonios que les llevan a concluir que 80% de quienes se internan por esas brechas sufre alguna agresión.

Raúl Martínez, de 36 años, se internó a esa zona de muerte a las 4:30 de la tarde del domingo 8 de marzo. Avanzó con sus ocho compañeros de viaje unos 200 metros hacia lo más tupido de la vegetación. De pronto, todos detuvieron la marcha. Frente a ellos, “como a 100 varas”, un grupo de hombres armados obligaba a desnudarse a cinco migrantes indocumentados.

“Decidimos salirnos del camino, rodear todo lo que fuera posible La Arrocera. Nos metimos hasta los cerros, por entre alambres y piedras, llenos de miedo porque sentíamos que nos iban siguiendo a caballo. Se me arrancaron los zapatos. Tardamos como tres horas para dar la vuelta, casi 80 kilómetros. Agarramos hacia adentro, andábamos perdidos, buscando la carretera. Fue horrible”, relata seis días después, tendido en el patio del albergue de Arriaga, con los pies vendados, “muerto”, dice él.

En Nicaragua dejó un empleo como técnico de una compañía telefónica, en donde le pagaban 200 dólares mensuales, muy poco para su anhelo de establecer un negocio que le permita una vida digna para él, su esposa y sus dos hijos. Busca llegar a Houston, trabajar un par de años y volver a su país. Esta aspiración es el motor para los miles que se aventuran por La Arrocera, el cono de impunidad que, sostiene Carlos Bartolo Solís, ha hecho proliferar otras “arroceras”.

Tierra de impunes

Frente a La Arrocera, más próximo a la costa se extiende el ejido Monte Cristo, la ruta por la que atravesaba el “tren de la muerte”. Aún es una opción para quienes desean eludir por ese lado el punto de revisión de El Hueyate, pero igual es una trampa. En ese trayecto, el grupo Beta tiene registro de 30% de los asaltos ocurridos en Huixtla. Otros tres enclaves costeros de alto riesgo mantiene bajo inspección diaria ese grupo de atención a inmigrantes: El Panteón, en Huehuetán; por los linderos de la caseta de Echegaray, en Pijijiapan, y El Basurero, en Arriaga.

“Independientemente de la corrupción que existe en la zona, en esos cuatro puntos hoy suceden cosas terribles, como la violación sexual de mujeres y hombres”, dice uno de los agentes, que habla bajo anonimato. De enero a la fecha, el grupo Beta lleva contabilizados cuatro asesinatos con arma de fuego.

En el exterior de la Casa del Migrante de Tapachula, una veintena de centroamericanos reposa sobre la acera. Toman un descanso tras haber cruzado la frontera por Ciudad Hidalgo. Al amanecer reemprenderán la travesía y todos habrán de cruzar por cada uno de los trayectos enumerados por el agente del grupo Beta. Ninguno denota preocupación.

“Desde que sale uno, sabe a lo que va”, explica al día siguiente Heriberto, un salvadoreño de 19 años que dos días antes estuvo en la misma condición de espera, en el albergue de Tapachula. No sufrió un ataque en La Arrocera por obra de la casualidad: en Tecún Umán, la frontera guatemalteca, fue despojado de los 200 pesos que traía. Al ejido Aquiles Serdán penetró sin nada, acompañado de otros migrantes de El Salvador y Nicaragua. Les salieron seis hombres armados con M-16, cuenta, y tras desnudarlos y quitarles lo poco que llevaban, los escoltaron hasta la brecha de salida. “No hubo violencia porque nadie se resistió”.

Cuatro años atrás una prima hermana suya corrió con menos suerte. Siete individuos la ultrajaron frente al grupo con el que viajaba. Tenía 23 años. “Vivió muchos meses con el trauma, pero ya se recuperó y vive con su esposo y dos hijos en Atlanta”, refiere Heriberto. Hacia allá se dirige. Ella y sus hermanos han pagado a un coyote para que lo reciba en Celaya y de ahí lo lleve hasta Georgia. El muchacho es una estadística rara, de los pocos que logran cruzar sin mayor vejación que el robo de sus 200 pesos, aunque fuera también de las trincheras de criminales que hay en el sur chiapaneco.

“No existe un control del territorio, y esa es la gran preocupación que tenemos los cónsules centroamericanos”, declara Nelson Cuéllar, el diplomático salvadoreño. “Nosotros hemos denunciado reiteradamente lo que ocurre ante las autoridades de los tres niveles de gobierno que hay en Chiapas, y ellos nos dicen que se combaten esos delitos, pero creemos que no se dan abasto. Los crímenes son cada vez mayores y mucho más violentos”.

La oficina dirigida por Cuéllar fue notificada en 2008 de 12 mil 200 deportaciones de salvadoreños, por el INM. De ellos, 40% fueron mujeres. La mayoría sufrió un ataque violento, indica el cónsul.

Mujeres en trueque

En 2003, el huracán Stan devastó buena parte del estado, modificando con ello las rutas tradicionales seguidas por los migrantes. El cambio de caminos adoptados desde entonces condujo a un escenario inédito del crimen y la violencia, dice Fermina Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Las vías del ferrocarril que seguían los centroamericanos dejaron de existir a causa del huracán y fueron sustituidas por los caminos de extravío. Desde entonces, los indocumentados se internan en los bosques para llegar a Arriaga, donde se montan al tren. La consecuencia del cambio impactó de inmediato en los registros de extravíos, mordeduras de serpientes, asaltos, violaciones sexuales, secuestros y asesinatos, según los informes de Rodríguez.

“La persistencia del delito nos preocupa”, dice a su vez Luis Flores, quien trabaja en Chiapas para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “El problema es que hay muchísima gente que se aprovecha de ellos, y mi impresión es que no solamente se trata de delincuencia común; esto sin duda debe estar vinculado a cuestiones de discriminación”.

Los ataques sexuales contra mujeres son un punto sensible para la OIM, pese a la naturalidad con que se refieren por tanto que ocurren. Flores contabilizó violaciones en ocho de cada 10 mujeres que atravesaron La Arrocera los años recientes. “Eso ha provocado que muchas de ellas tomen precauciones dramáticas, como tomar anticonceptivos, pues dan por hecho que serán ultrajadas”.

Si no es en La Arrocera o los otros puntos críticos de la ruta que siguen los migrantes, el sexo forzado es una constante durante toda la travesía. Flores dice que muchas buscan el cobijo de alguno de los varones del grupo para evitar una violación con el resto, pero también se tiene registro de que las han ofrecido a cambio de ser perdonados por los forajidos que les salen al paso en aquellos lugares. “Hasta hace muy poco la palabra ‘cuerpomatic’ era de uso corriente. Y eso nos dice todo”.

Génesis Alejandra Rodríguez tiene 21 años y un hijo de tres. Hasta febrero laboró como operadora en una maquiladora de la capital salvadoreña. La planta cerró y decidió seguir la misma ruta que su madre cuatro años atrás. Viaja sin coyote, guiada telefónicamente por Janeth, su mamá, que la espera en Pasadena, California. Tiene miedo, dice, pero la necesidad es más apremiante.

“Primero Dios, que no pase nada, pero desde un principio uno sabe a lo que va a exponerse. Si pasa (una violación) es algo que ya sabíamos que iba a suceder. El que diga que se viene creyendo que no le va a pasar nada, es ignorante, por decirlo así”, dice.

En 2004 su madre fue golpeada salvajemente en La Arrocera. Llevaba ocultos en la hebilla del cinturón 700 pesos. Los asaltantes la hicieron desnudarse y le hallaron los billetes. “Le dejaron un morete en el ojo”, describe Génesis. Por eso su madre no quería que ella se aventurara a los mismos territorios peligrosos. “Estoy mentalmente preparada para afrontar lo que venga, porque a mí no me anduvieron con mentiras ni nada”.

Génesis se mueve con el mismo motor del anhelo por una mejor vida que el nicaragüense Raúl Martínez y la multitud de migrantes que los antecedió. En Estados Unidos se quedará el tiempo que dure en reunir dinero, dice, para comprarse una casa y ofrecerle “un futuro digno” a su hijo. Lo mismo que Martínez, caminó kilómetros por los cerros circundantes a La Arrocera y así llegó al albergue de Arriaga, extenuada pero ilesa.

El 6 de febrero anterior, 26 madres de salvadoreños perdidos en el trayecto hacia la frontera norte emprendieron una caminata hasta el lugar en el que se encontraba Génesis el 13 de marzo. A las nueve de la mañana del 11 de febrero, las mujeres, integrantes del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, hicieron una parada en La Arrocera, donde oraron y clavaron 19 cruces simbólicas para sus 84 desaparecidos desde 2004.

“Fue el momento más dramático de toda la ruta”, evoca Luis Perdomo, el fundador de aquel comité. “La gente sintió como que estaba en un territorio sagrado, como que ahí había algo de su gente. Aquello se convirtió en un drama, producto del conocimiento de que en la zona se han dado todo este tipo de atrocidades, y de la conciencia también de que hay varias ‘arroceras’ más a través del camino”.

* Textos de Ignacio Alvarado ÁlvarezEnviado
El Universal ,21 de marzo de 2009

Read Full Post »

La vida es preciosa. La gente debería darle valor y no pelearse tanto

Un obrero turco sobrevivió de manera milagrosa a un tremendo accidente. Mientras orientaba al conductor de un camión, que se detuvo sobre las vías férreas de una fábrica, un tren, que pasó a toda velocidad, embistió al vehículo y arrastró al operario. Inexplicablemente, el hombre sólo sufrió heridas leves.´

Luego del choque, Cem Tosak, de 32 años, quedó tendido a un costado de las vías y fue socorrido por sus compañeros de trabajo. De inmediato, una ambulancia lo trasladó a un hospital, donde los médicos constataron que se encontraba fuera de peligro.

A las pocas horas, el obrero fue dado de alta y pudo volver a su casa. Su familia lo recibió con una torta y con velas, para celebrar que tenía otra oportunidad.

«La vida es preciosa. La gente debería darle valor y no pelearse tanto», manifestó.

Read Full Post »

En Cali, ser joven es un riesgo mortal

Cali es una de las ciudades de Colombia donde mueren más jóvenes asesinados. Entre 1993 y el 2007, como consecuencia de la violencia que acosa a esta ciudad, 2.690 menores de edad perdieron la vida. el 87,9% de los menores muertos en los últimos años estaba entre los 14 y los 17 años; y el 91,9% eran hombres. Cifras de un panorama trágico.

Cali se convirtió en un inmenso cementerio de jóvenes. Suena atroz, pero es la verdad. En los últimos quince años fallecieron tantos, como cabrían en 73 salones de clase de una universidad.

Suena trágico, pero es inocultable. Los muchachos que cayeron en atracos, en disputas de pandillas, en riñas callejeras, en asesinatos selectivos, por venganzas, por balas perdidas, son tantos que habrían llenado los edificios de tres facultades completas.

Entre 1993 y el 2007, como consecuencia de la violencia que acosa a esta ciudad aquí y allá, 2.690 menores de edad perdieron la vida en medio de la ceguera social y un estado de indiferencia generalizado en el que nadie dijo nada. ¿Acaso no los vieron morir?

‘Jota’ se fue hace seis años. Tenía 16 y era rubio, de ojos verdes. Estudiaba en un colegio bilingüe y estaba seguro de que algún día sería un ingeniero capaz de construir puentes, carreteras y edificios. Eso era lo que le decía a sus papás. Ellos ahora viven en España. Se fueron desde que al chico lo apuñalaron en una esquina por bajarlo de una moto. Nunca encontraron al asesino. Los recuerdos de ese día siguen siendo grises y pesados, como una montaña de escombros.

Miriam tocaba la guitarra. Iba a ser cantante, sus profesores se lo habían pronosticado. A los 12 años tenía un oído prodigioso. Pero nadie le advirtió que también debía afinarlo para advertir el maldito silbido de las balas perdidas. Como esa que se le incrustó en la nuca y apagó su voz para siempre.

William Alexánder Jiménez era campeón nacional de bicicross. Tenía 14 años y una carrera que los expertos calificaban de prometedora a escala orbital. En cinco meses viajaría a Australia para competir por el campeonato mundial. Pero el 4 de junio de 1998 seis ladrones se le atravesaron en la Avenida Ciudad de Cali. Seis tipos contra un niño que sólo sabía pedalear. Le dispararon al corazón por quitarle unos tenis azules. Entonces sus pies desnudos ya nunca más fueron veloces.

Hallar historias de sueños truncados y proyectos de vida cegados en esta ciudad no resulta difícil: no es por alarmar, pero los dramas se repiten en las esquinas.

En Visión Cali, un análisis estadístico publicado hace dos años por el Observatorio Social de la Alcaldía, los números demuestran que no se trata de un cuento de terror inventado para atemorizar. Sólo entre el 2000 y el 2006 se registraron 1.270 homicidios de menores, con un promedio de 181 casos por año, 15 hechos por mes y uno cada dos días. Esta capital, a la que insisten en llamar Sucursal del Cielo, puede resultar un verdadero infierno para sus jóvenes.

¿Cuántos médicos, arquitectos, músicos, científicos, artistas, matemáticos, físicos, poetas, economistas, sociólogos, literatos, diseñadores, ingenieros ha dejado de tener esta ciudad por culpa de la barbarie que la circunda?

Los que van a morir, saludan

Hasta hace dos meses, ‘Gatillo’ permanecía con vida en una casa de paredes agujereadas, ubicada entre los barrios Antonio Nariño y Mariano Ramos. Tenía en ese entonces 16 años y acaba de heredar la jefatura de una banda de atracadores que había fundado su hermano, antes de que lo asesinaran a mediados del año pasado.

Al muerto le decían ‘Pit bull’. Era un tipo gordo, de ojos rasgados y mandíbula prominente, al que acusaban de tener una fiereza genética y asesina, así como le sucede al animal con que era comparado. Cuando lo encontraron muerto en la calle, como un perro, apenas había llegado a la mayoría de edad.

“Él sabía que no iba a durar mucho. Yo sé que no voy a durar mucho. No nacimos pa’ semilla, como dicen. Aquí la vida es corta. Nunca hubo oportunidad de estudiar, nunca hubo plata pa’ eso. Fuimos lo que fuimos y somos lo que somos. La vida nos ha negado cosas, las hemos cogido a las malas y hay que pagar el precio”.

Hasta hace dos meses, ‘Gatillo’ hablaba mientras balanceaba entre el pulgar y el índice un revólver calibre 38 que por esos días casi siempre mantenía en la mano. El arma, colgando de sus dedos como una rata muerta, hacía sombra pendular en el piso de una vivienda con muros de adobe sin revocar y un ambiente enrarecido por el humo de un cigarro de marihuana que otros cinco chicos fumaban en círculo.

Los muchachitos, todos flacos, todos de miradas perdidas, todos con crucifijos y vírgenes tatuadas en sus cuerpos inconclusos, todos con menos de 17, eran los aprendices de esa escuela del delito que ‘Gatillo’ dirigía. Y al igual que él, mientras seguían el rastro del arma como un signo trágico que los perseguía a plena luz del día, todos sabían que pronto morirían.
“No son malos, es que tienen hambre. Y no es una excusa, pero sí el pretexto que los hace vulnerables ante el delito. Por eso, las muertes de esos culicagados se volvieron pan de cada día”. Investigador criminalístico.

No importa si estamos vivos

En los últimos años, en las entrañas de Antonio Nariño, Manuela Beltrán, Mariano Ramos, El Retiro y otros barrios y calles del Distrito de Aguablanca, al igual que en sectores del centro, la ladera y algunas invasiones, la violencia se legitimó como una forma de supervivencia de una vida que, allá, se acostumbraron a ver con fechas de caducidad reducidas.

Elmer Montaña, ex fiscal de la Casa de Justicia de Los Mangos, dice que esa visión fatalista se fue convirtiendo en una postura normal y extendida en las zonas de mayor riesgo, como consecuencia de una desatención histórica del Estado y un error reiterado en el tratamiento del problema.

“La apuesta de las autoridades siempre ha sido represiva, cuando lo que se ha necesitado es un proceso de acompañamiento, de educación, de inversión, de inclusión social. Hay que darles a entender a esos muchachos que existen, que nos importan, que los vemos”, dice Montaña.

Hace dos años, en una visita programada por las autoridades a colegios del Distrito, al ex fiscal se le grabó la voz de un adolescente que ante la recomendación del Comandante de la Policía para que no se metiera en problemas, dio una respuesta tan cruel como aplicable para el fenómeno que allá se padece: “Si nunca nadie se ha preocupado por saber si estamos vivimos, tampoco tienen porque preocuparse por la forma en que morimos. Si a mí me pagan por poner una bomba, yo la pongo”.

De acuerdo con un investigador criminalístico consultado por El País, esa desesperanza constante ha sido aprovechada de manera perversa por la delincuencia organizada, facciones urbanas de la guerrilla y reductos paramilitares, que están utilizando jóvenes de las zonas más deprimidas como la carne de cañón en su guerra sucia.

“Saben que se trata de pelados sin oportunidades, sin futuro y con cientos de necesidades. No es que sean malos, es que tienen hambre. Y esa no es una excusa para cometer el delito, pero sí el pretexto que los hace vulnerables ante él. Por eso las muertes de esos culicagados se volvieron pan de cada día”, afirma el curtido ‘sabueso’.

Limpieza social

En el 2007, la Casa de Justicia de Los Mangos desarrolló un estudio de riesgo (delictivo) en algunos sectores del Distrito de Aguablanca. Para ese momento, sólo en Mariano Ramos, estaban funcionando quince oficinas de cobro, que es como se llaman ahora las empresas de sicariato. Y en todas había menores de edad vinculados al negocio ilegal.

Según las cifras del Observatorio de la Alcaldía, 335 de los homicidios registrados en los últimos 15 años, ocurrieron en hechos relacionados con venganzas, ajustes de cuentas y esas masacres encargadas que con una paradójica asepsia llaman “limpieza social”.

Hace dos semanas en Mariano Ramos, en una de esas matanzas, cayó ‘Gatillo’, el chico que hasta hace dos meses hablaba con el revólver pendiendo de su mano pequeña y temblorosa.

En el mapa de ubicación de los homicidios de menores, acontecidos en los últimos cuatro años, las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, que conforman el Distrito de Aguablanca, están salpicadas por más de doscientos puntos negros. Y cada uno de ellos es una vida menos. ¿Quiénes eran? ¿Qué sueños tenían? ¿Acaso todos estaban metidos en esa ruleta rusa de la violencia por supervivencia?

Dato clave

De los 2.690 niños asesinados en los últimos quince años, 112 murieron en medio de una riña y 204 bajo las armas de las pandillas juveniles.
Gustavo Ricaurte, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

“Educación, educación, educación”

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Gustavo Ricaurte, asegura que los padres de familia tienen una responsabilidad muy grande en la seguridad de sus hijos.

El oficial dice que a los programas la Policía de Menores y de la Alcaldía se deben sumar acciones en casa como poner horarios de llegada a los hijos y educarlos para la vida en sociedad.

Durante los últimos tres lustros han muerto violentamente 2.690 niños menores de 17 años. ¿Qué opina de una ciudad que atenta así contra su futuro?

Eso es como desaparecer un pueblito lleno de niños. El fenómeno es tan grave que durante los últimos cinco años se capturaron más de 22.000 menores de edad, esa es una cifra muy alta para una ciudad como Cali. Aunque debemos reconocer que tanto las muertes violentas y las captura de niños han bajado en los últimos años.

Es preocupante que la mayor cantidad de muchachos asesinados está entre los 15 y los 17 años, edad en la que comienzan su vida productiva para sociedad. Es que esos menores son consideraros en alto riesgo, que necesitan una atención especial de los padres de familia, del gobierno local, del nacional y de la Policía acompañando los procesos.

¿Por qué mueren los jóvenes?

La mayoría de las veces, por venganzas, sólo en el 2008 los asesinados por esta causa fueron 109 niños. Es muy difícil imaginarse que un muchacho de 15 años tenga cuentas pendientes, pero los factores están ahí: porque le quitaron la novia o por el bazuco o por la droga.

Pero en algo en lo que sí los padres de familia pueden ayudar mucho es en los horarios de la rumba de sus hijos. debemos lograr que los menores estén en casa más temprano. No estoy proponiendo un toque de queda, pero sí que los padres de familia se aconducten para que asuman su responsabilidad con sus hijos. Porque hay muchos padres que, siendo las tres y cuatro de la mañana, no saben dónde están sus hijos, ellos son los que están en mayor riesgo de ser objeto de un homicidio.

Muchos de estas muertes están relacionadas con las pandillas…

Mire, la mayoría de estos homicidios se han cometido con armas blancas y con armas de fuego y eso los puede relacionar con este tipo de delincuencia, pero las pandillas no son la única causa. Como policía de 32 años de experiencia le aseguro que el temprano ingreso al mundo de las bebidas alcohólicas es un camino hacia descomposición social para esos niños de 12 ó 13 años, que cuando llegan a los 16 ó 17 ya no tienen control, ya están en la marihuana y en el bazuco, es decir, están recorriendo la ruta hacia la criminalidad. Si el padre de familia no le pone cuidado a su hijo cuando comienza a consumir licor, seguramente el muchacho será un potencial delincuente a los 17 años.

¿Eso pasa en todos los estratos socioeconómicos?

Nosotros hemos encontrado jóvenes de estratos altos, a los que los padres no los controlan, metidos en grandes problemas.

¿Entonces qué hacer?

Son muy importantes las políticas públicas de apoyo a los menores en alto riesgo. Ahí es donde debemos repuntar: educación, educación , educación. Nada solucionamos siendo represivos, a estos muchachos hay que educarlos entre los padres de familia, tíos, tías, abuelas, los programas municipales, apoyados por la Policía Nacional.

Pero, ¿cómo hacer para que no maten a los niños?

Es que cuando un muchacho no sabe que tiene que llegar antes de las 11:00 p.m. a la casa y llega a las 3:00 a.m. embriagado y el padre de familia no dice nada, está poniendo en riesgo su vida.

¿Toque de queda?

No. Esa es la última medida en la que una Administración Municipal puede pensar. Eso es reconocer que todos los planes sociales y de educación han fallado.

Cifras
· 32 estudiantes menores de 17 años fueron asesinados durante el 2008 en Cali. En total murieron 147.
· 26% de los jóvenes asesinados en 2008 murieron un domingo.
· 25 menores murieron violentamente en 2008 desde las 9:00 p.m. del sábado hasta las 3:00 a.m. del domingo.
· 19% de las muerte violentas de jóvenes ocurrieron en la comuna 13.
· 68 de los jóvenes muertos a tiros en 2008 fueron víctimas de balas perdidas, según el Observatorio Social de Cali.
· 109 niños murieron, en el 2008, por venganzas, según cifras de la Policía Metropolitana.

Dato clave

Según la Policía Metropolitana de Cali, en el 2007, 12 niños fueron muertos violentamente por robarles algún objeto de valor; mientras en el 2008

la cifra bajó a 4.

Una bomba social que crece y crece”

Pedro Pablo Sanabria, director del Observatorio de Políticas Públicas del Icesi, dice que aunque es muy aventurado hacer un diagnóstico de lo que pasa con las muertes de esos muchachos, no se puede negar que muchas de ellas tienen que ver con el desencanto en una ciudad en la que acceder a salud, a educación, a progresar, es un privilegio.

“Lo grave es que las razones están asociadas a una multicausalidad que hace que la situación sea una bomba social que crece y crece”. Los números esconden algo aún peor: el 87,9% de los menores muertos en los últimos años estaba entre los 14 y los 17 años; y el 91,9% eran hombres. Sanabria advierte que “lo peor que puede pasarle a una ciudad es perder a sus chicos en edad productiva y que ese impacto social de las familias, revierta en la reproducción del ciclo de violencia”.

Los años de vida potencialmente perdidos son aquellos que dejan de vivir quienes mueren prematuramente. Según el Dane, la esperanza de vida para los caleños es 71,9 años. Con esta información, el Observatorio calculó que sólo en el 2006, en Cali se perdieron 60.735 años productivos por causas violentas. También calcularon los años de vida potencialmente útiles (entendiendo éstos como el rango de edad en que una persona es productiva laboralmente, o sea entre los 15 y 59 años) y el resultado no fue mejor: 58.777 años arrojados a la basura. Sin embargo, Eliana Salamanca, secretaria de Gobierno de Cali, cree que el trabajo que adelanta el Municipio dará frutos. Y que no todo está perdido.

“Además de campañas preventivas enmarcadas en la política social de esta Administración, se viene trabajando muy duro el tema de reforzar la presencia de Fuerza Pública, al igual que en el acompañamiento de los jóvenes por parte de la Policía Comunitaria para evitar que se inicien en actividades delictivas.”

Pero un epidemiólogo experto en el tema de menores y violencia, dijo, tras pedir la reserva de su nombre, que las políticas públicas para la juventud son, justamente, una de las áreas con mayores deudas sociales y más responsabilidades pendientes en los 15 años estudiados.

La aseveración suena temeraria, pero puede que tenga razón: en 1.993, 136 menores de edad perdieron la vida en hechos violentos (ver gráfico); entre ese año y el 2007 se dieron picos hacía arriba y hacia abajo, siendo 1.996 el año con mayores muertes (208), y el 2005, el de menos homicidios (131). El 2007 cerró con 153 chicos muertos. Contrario a lo que dice Doris Tejada, directora del Observatorio Social, quien asegura que teniendo en cuenta que en el 2008 fallecieron 146 menores de edad, hay una tendencia a la baja, lo que queda en evidencia es una tasa de homicidios que se mantuvo en niveles similares. Para los chicos, las cosas no han cambiado mucho. La ciudad los sigue matando.

De hecho, el epidemiólogo se atreve a asegurar que Cali es una de las cinco capitales más peligrosas del mundo para los jóvenes. “Porque aquí no sólo mueren como están muriendo, sino que los matamos con el silencio, la inequidad, la indiferencia”.

Sin embargo, en esta ciudad de odios enconados y balas perdidas, hay quienes creen que ese panorama de pérdidas irremediable puede tener una salida. Flavio Jiménez, el padre de William, el bicicrosista de 14 años asesinado en junio del 98, cree en los milagros del perdón. Según él, nada más puede detener esta avalancha de muerte. Él, un ciclista en edad de jubilación, fue capaz de perdonar al asesino de William. Incluso, mientras estuvo en la cárcel, se encargó de aconsejar al hijo de éste, para que practicara un deporte. Y le habló del ciclismo. No lo niega. Tuvo mucho rabia con ese tipo que mató a su niño, pero entendió que la única manera de mitigar la partida de un chico que iba a ser un buen hombre era ayudando a formar otro.

Pero ‘Memo’, el asesino, no lo vio igual y al salir de la cárcel se llevó a su hijo lejos. Lo último que Flavio supo es que le había prohibido montar en bicicleta.

El dato clave

La estación de policía que más reporta asesinatos de niños en Cali es la del sector de El Diamante. Allí en el 2007 mataron a 37 menores y en el 2008 a 24.

* Autor: Jorge Enrique Rojas, reportero de El País

Read Full Post »