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El no encontrar qué comer, ni qué llevar a sus casas para el sustento diario o tampoco tener para el pago de servicios públicos y el arriendo, ha empujado a la prostitución a las hijas de unos desplazados por la violencia en la región, denunció ante el gobierno un vocero de las víctimas. 

La consecuencia de no tener un trabajo digno y haber interrumpido los estudios básicos ha llevado a las menores a buscar dinero fácil ejerciendo la actividad conocida como ‘chicas prepago’, al no tener más alternativas.

El desplazamiento forzado ha obligado a los miembros de las familias afectadas a buscar fuentes de ingreso en la prostitución, los robos y en los grupos armados. (Foto ARCHIVO, La Opinión)

Los casos fueron revelados por Alfredy Galvis, representante de las víctimas y desarraigados en Norte de Santander, especialmente en la provincia de Ocaña, donde –asegura- ya se han registrado dos de estas situaciones. 

El afán de las ‘prepago’, según las afirmaciones del líder, también se ha visto en Pamplona, por impacto del desempleo.

Galvis, desplazado del corregimiento de Versalles de Tibú en 2002, aseguró que tiene conocimiento de que algunas madres de familia también han tenido que recurrir a la prostitución a escondidas de los esposos “pues tienen que conseguir algo de comer a sus hijos. Esta es la peor desgracia que les ha ocurrido después de los desplazamientos”.

Entre las revelaciones de Galvis resalta su testimonio de guerra, en el que en diciembre de 2002 –afirma- hubo una alianza entre el Ejército y los paramilitares para desterrarlos de Versalles. En la época llegó un grupo armado y lo sacó de la casa, separándolo de su familia.

“A mí me hicieron creer que habían asesinado a mi familia. Mientras que otros armados se quedaron en la casa y le dijeron a mi esposa y cuñados que a mí me habían matado. Así fue que nos separaron”.

Días después los desplazados se encontraron en Ocaña, desvirtuando las palabras de los victimarios.

“Lo que ellos querían era quedarse con un supermercado y un carrito que administrábamos con la familia”, agregó el desterrado.

Los que cayeron en las drogas

El representante afirmó que “también conocemos el caso de siete jóvenes que están consumidos en la droga por la desesperación de no encontrar nada productivo para hacer y además de otros hombres que han tenido que involucrarse  con la guerrilla o los paramilitares para conseguir plata”, expresó.

Su testimonio fue replicado ayer en el Hotel Casa Blanca, donde los líderes de las víctimas en los 40 municipios se reunieron con el gobernador (e) de Norte de Santander, Gregorio Angarita Lamk, con el secretario de Víctimas del departamento, Ronald Contreras y con delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Acnur, entre otros.

Aunque la citación fue para que tanto víctimas como desplazados sean partícipes de la construcción del Plan de Atención Territorial Departamental, las peticiones le apuntan a la generación de empleos para esa población.

“También para que se le dé una solución habitacional a los afectados, porque hay gente que no tiene un techo digno y además pagan arriendo en una habitación hasta para siete personas”, recalcó Alfredy Gálvis.

Que no se repita la historia

Lo que teme otro representante de los municipios del Catatumbo, quien reservó su identidad, es que se empiece a repetir la historia, al aseverar que conoció de dos casos de familias que fueron amenazadas por la guerrilla por haber pedido a las autoridades que les cumplieran con  Ley 1448 de restitución de tierras. 

El campesino señaló que en La Esperanza se han vuelto reiterativas las amenazas escritas para evitar que los dueños de terrenos los puedan recuperar.

Las autoridades prometen solución

Las cifras de la Secretaría de Víctimas reflejan que en el departamento hay 140.000 desplazados por el conflicto armado.

El titular de este despacho, Ronald Contreras, comentó que en promedio 50.000 de los desarraigados viven en Cúcuta.

Recalcó que en todos los rincones donde se encuentren personas golpeadas por esta situación se deben generar reparaciones integrales en la rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantía de la no repetición de los desplazamientos.

El gobernador encargado Gregorio Angarita Lamk aseguró que el objetivo del encuentro es escuchar por dos días a los desplazados, tomar acciones para evitar el desgaste social y conver-tirlos en una prioridad. 

Para esto se apoyarán en los aliados estratégicos interna-cionales, con lo que se espera, se aporten recursos para el mejoramiento social de la población.

* La Opinion, Colombia, Marzo 2013

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