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Archive for 20/02/12

 Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Ioan Clamparu, alias Cabeza de Cerdo, a 30 años de prisión, la máxima que solicitaba el ministerio público, al considerar al presunto capo de la prostitución rumana en Europa culpable de cuatro delitos de determinación a la prostitución, por obligar a una menor a prostituirse, y por ser el autor de un delito de aborto.

No obstante, la sentencia recuerda que Clamparu no permanecerá más de 20 años en prisión, el límite marcado por la ley. El condenado tendrá que indemnizar a las tres testigos protegidas que son mayores de edad con 12.020 euros, mientras que a la menor de edad deberá compensarla con 30.506, pese a que durante el juicio ella renunció a esta indemnización, que solicitó en su nombre la representante de la fiscalía.

De esta forma, los magistrados dan por bueno el relato de la fiscalía en el que se destacaba que en 2000, un año antes de que España facilitara la entrada de ciudadanos rumanos con visado de turista, Clamparu y los integrantes de su banda consiguieron que un número indeterminado de mujeres de esa nacionalidad viajasen hasta España. Tras convencer a algunas de que se les proporcionaría un trabajo en la hostelería o en el servicio doméstico, y concertar con otras que trabajarían en la prostitución.

Una vez que llegaban a España, según la sentencia, les decían que habían contraído una importante deuda con la organización y que debían trabajar ejerciendo la prostitución y entregar la totalidad del dinero recibido hasta saldarla. Para doblegar su voluntad y obligarlas a desarrollar la prostitución “se valían de amenazas y agresiones físicas, les retiraban su documentación personal proporcionándoles otra falsa, las mantenía hospedadas en pisos donde eran controladas continuamente para evitar su fuga y vigilaban estrechamente sus movimientos”.

Ioan Clamparu, según el tribunal, dirigía al resto de miembros de la banda, así como a las otras personas no identificadas, distribuyendo las mujeres entre ellos a fin de que las controlasen y recaudasen sus ingresos: “Les indicaba los lugares donde debían ejercer la prostitución, y se reunía periódicamente con ellos para gestionar el trabajo de las mujeres y que le rindieran cuentas sobre lo recaudado”.

Asimismo, la testigo protegida Andrea, menor de edad, fue obligada a prostituirse. Tras conocer Clamparu que la menor se encontraba embarazada: “Le requirió para que abortara, diciéndole que en otro caso la mataría, pues de otro modo no podría seguir ejerciendo la prostitución. Ante su oposición a tal intervención el acusado la agredió físicamente para someter su voluntad”.

Testimonios decisivos

El fallo de los magistrados destaca la importancia que han tenido las declaraciones de las mujeres que fueron obligadas a prostituirse, especialmente las de Andrea y M. D. F. “Todas ellas declaran que el conocido como Ioan era el jefe del grupo, que repartía las chicas entre los que se encargarían directamente del control personal de cada una, y que éstos le entregaban los ingresos obtenidos”. Para los magistrados es “relevante” cómo la testigo Pepa fue objeto de “un sorteo” por parte del acusado, y pese a haber sido asignada a un tal Mihai, el propio Joan decidió mantenerla trabajando exclusivamente para él las dos primeras semanas, “lo que objetiva el papel preeminente que desempeñaba”. Por otro lado, el acusado acudió al piso en el que se encontraba Pepa para intimidar a las chicas que allí se encontraban, diciéndoles que no quería tener problemas con ellas y advirtiéndoles lo que les pasaría en caso contrario. Además, Ioan Clamparu es, según la sentencia, la persona a la que se informa del embarazo de la menor Andrea y el que le “coacciona” para abortar. “Hechos todos ellos demostrativos de su jefatura, algo que era una realidad conocida por todas las afectadas”.

Las declaraciones prestadas por las testigos y víctimas son “plenamente coincidentes” en cuanto a las condiciones de ejercicio de la prostitución, al control de movimientos padecido, a la violencia empleada, a la retirada de su documentación, a las circunstancia de su transporte a la Casa de Campo, a la vigilancia allí desarrollada, a la imposición del horario, a la obligación de entregar todo el dinero y a la identificación de Clamparu como el jefe de la organización. “Esta coincidencia proporciona un elemento que consideramos muy importante para ponderar el juicio de credibilidad subjetiva que merecen; máxime si se tiene en cuenta que no se conocían entre ellas, con la sola salvedad de Mariana R. y Andrea, por haber coincidido en la misma vivienda; y que todas formularon sus denuncias o prestaron declaración en distintas fechas y en diversas comisarías, cuando consiguen eludir la vigilancia a que estaban sometidas”.

Los magistrados resaltan en este punto que todas las mujeres cuentan iguales elementos intimidatorios, pues todas conocen las historias atribuidas a Cabeza de Cerdo respecto de la muerte de otras chicas finalmente despedazadas y una en Mallorca torturada y después atacada por perros: “El propio Ioan relató dichas historias en el piso donde se encontraba Pepa. Estos hechos fueron policialmente investigados, y ciertamente no se pudo constatar su realidad; sin embargo, la circunstancia de su difusión entre todas las mujeres responde a su cometido neta y brutalmente amenazador”.

Pero además de los testimonios de las mujeres obligadas a prostituirse, las investigaciones policiales pudieron comprobar y constatar la realidad de estas explicaciones a través de los operativos practicados en la Casa de Campo. Donde detectaron la vigilancia mediante vehículos por parte de personas cuyas descripciones coincidían con las recibidas. Los agentes que llevaron a cabo la investigación explicaron los seguimientos que realizaron a algunos de los vehículos implicados, y que culminón con los registros domiciliarios practicados y las correspondientes detenciones de las personas identificadas en su día por las testigos.

Pero la sentencia le da un varapalo a los profesionales de la clínica en la que se practicó el aborto a la menor de edad. “La Sala no reconoce especial valor a las declaraciones de los tres profesionales de la clínica que acudieron a la vista oral”. El doctor M. A. A., psiquiatra del centro y también socio fundador y consejero delegado de la entidad, la asistente social y el ginecólogo que practicó la intervención. “Su testimonio, con toda lógica interesado en no reconocer ninguna omisión o posible negligencia por su parte, no pueda alcanzar más allá de la conclusión de que la menor no expresó ninguna oposición al aborto. Se advierte una relevante contradicción entre la declaración del doctor en la vista oral al expresar que la entrevista con las pacientes se realiza siempre a solas, mientras que en su declaración ante el juez de Instrucción reconoció que a veces “evalúa la posibilidad de que hubiera más personas presentes”…”que no es raro que tengan alguna persona que necesite intérprete”. Algo que resulta compatible con la explicación de la menor en el sentido de que la mujer que le acompañaba intervino en tal concepto.

 

* Tono Calleja, Madrid, 20 febrero del 2012

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El Tribunal de Turín (Piamonte) ha condenado a 16 años de cárcel a los jefes de la multinacional Eternit que usó amianto para sus materiales de construcción en Italia durante años. El veredicto de la primera instancia establece que el multimillonario suizo, expropietario del grupo, Stephan Schmidheiny, de 65 años, y el exdirigente, el barón belga Louis De Cartier, de 91, provocaron un desastre ambiental doloso y no cumplieron con los requisitos mínimos de seguridad laboral. Su conducta provocó la muerte de 2.191 personas, mientras otras 665, entre vecinos y trabajadores de la planta de Casale Monferrato (menos de 100 kilómetros al este de Turín), enfermaron por la exposición al amianto. La voz emocionada del juez ha resonado en un aula repleta de familiares de las víctimas y exempleados. Aplausos y lágrimas han acompañado la lectura de una sentencia histórica.

El juicio comenzó en diciembre de 2009 y ha sido uno de los procesos más importantes celebrados al otro lado de los Alpes, comparable por la emoción y expectación que causó en el país a los maxi-juicios contra la Cosa Nostra siciliana a finales de los años ochenta. La lectura de los nombres de las seis mil personas constituidas en parte civil ha llevado tres horas al juez. Una retahíla del dolor que por fin tiene justicia.

Solo en el pueblo de Casale Monferrato, desde 1956 hasta el cierre de la planta en 1986 fallecieron más de 1.500 personas, entre trabajadores y vecinos.

“Se trata de una sentencia histórica, tanto por los aspectos sociales como por los estrictamente  técnico-jurídicos”, ha considerado el ministro de Sanidad, Renato Balduzzi, que ha añadido: “Pero la batalla contra el amianto no se cierra con un solo juicio, aunque ejemplar como este”. En la misma línea se ha manifestado el titular de Medio Ambiente, Corrado Clini: “Se trata de una sentencia justa e inevitable. El problema es que en Italia aún no disponemos de un mapa completo de los sitios contaminados y que deben ser saneados. Deseamos que el veredicto sobre lo que pasó en Casale Monferrato abra la pista a un plan serio de limpieza”.

 

* Lucia Magi, Bolonia-Italia, 14 febrero del 2012

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La geografía de la violencia tiene en Centroamérica uno de sus puntos cardinales. El último informe sobre drogas de la ONU la define secamente como la región “más mortífera del mundo”, donde uno de cada 50 hombres morirá asesinado antes de los 31 años. Desentrañar esa frase pasa por una larga historia de pobreza, guerrillas, Estados frágiles, corrupción e impunidad. Pero otra vez la geografía, el hecho de estar situada en el principal canal de tránsito mundial de la droga hacia Estados Unidos —en particular Honduras, Guatemala y El Salvador, el llamado Triángulo del Norte— ha exacerbado esa tensión. Solo en Honduras hubo más asesinatos —6.236— el año pasado que víctimas de la represión en el mismo periodo de tiempo en Siria, inmersa en una guerra civil. El motín en la cárcel hondureña de Comayagua la pasada semana, que ha causado cerca de 400 muertos, hunde sus raíces en este panorama social de extrema violencia.

La situación ha llegado hasta tal punto que la semana pasada, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, desenterró el debate de la legalización del narcotráfico para frenar la sangría.

El Gobierno hondureño pidió el 1 de febrero “ayuda internacional” para combatir la delincuencia. El congreso aprobó un decreto para depurar la policía, la fiscalía y el Poder Judicial con la asesoría de expertos extranjeros. Los ministros de Seguridad y Defensa de El Salvador, Honduras y Guatemala se reunieron el viernes pasado para coordinar esfuerzos.

En Honduras hay 82 homicidios 

por 100.000 habitantes.

En Madrid hay uno

Mientras se libra la batalla, en Honduras se producen 82 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. En Madrid es de 1 por cada 100.000. Incluso en el violento y vecino México, son 18. “Es común ver asesinatos en la calle”, dice Omar Rivera, director del Grupo Sociedad Civil de Tegucigalpa. “Estás expuesto a que un tiroteo te alcance a ti o a tu familia, no sabes a quién recurrir. Un día común para un hondureño implica evitar la muerte”.

“Es común ver asesinatos en la calle”,

afirma el director de una ONG

Este magma violento, que llega de diferentes actores (maras o pandillas juveniles violentas, delincuencia común, narcotráfico, pobreza), se ha ido filtrando en la vida cotidiana de las familias. “Uno cree que por no estar involucrado con el crimen está seguro”, cuenta por teléfono Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), “pero hay muchos casos como el mío”. A su hijo de 22 años lo acribillaron a balazos en octubre en Tegucigalpa cuando volvía de una fiesta en el coche de su madre. Iba con un amigo que también murió asesinado. Los sospechosos son policías. Todo el proceso de investigación ha estado plagado de obstáculos. “Desde el primer día, la policía no ha colaborado, ha destruido pruebas, ha amenazado a los fiscales… hubo cuatro arrestados con un proceso administrativo, confesaron, pero les dieron un permiso de fin de semana y están en fuga. Solo uno se ha entregado”, cuenta Castellanos.

En Honduras y El Salvador las violentas maras han llegado a una relación simbiótica con el narco. “Las maras sirven como mano de obra barata para el uso de la violencia al servicio de los grandes traficantes y de personas que contratan sus servicios como sicarios”, explica José Miguel Cruz, experto salvadoreño en maras de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Además, “cobran en droga, y la distribuyen, lo que ha provocado el aumento del consumo local”.

En Guatemala, que todavía lucha por superar las secuelas de una brutal y dilatada guerra civil (1960-1996), la llegada del narcotráfico erosiona aún más las ya de por sí débiles instituciones del Estado. La violencia preexistente se multiplica. Con una tasa de homicidios de 41 por cada 100.000 habitantes, otro tipo de delitos acrecienta la sensación de inseguridad. Los delincuentes amenazan por teléfono a sus víctimas con hacer “lo que ya saben” si no les pagan. El ministerio público guatemalteco recibió más de 800 denuncias mensuales por extorsiones telefónicas en 2011. Y el fenómeno se extiende por la región. El Gobierno salvadoreño registró casi más de 3.000 casos similares el año pasado. Es común que pequeñas tiendas de barrio reciban la visita de pandilleros que exigen dinero a cambio de permiso para trabajar. En Honduras, Rivera afirma que la población tiene un “sentimiento de indefensión” ante las autoridades. “El ciudadano sabe que jueces, fiscales y la policía están directa o indirectamente coludidos [en connivencia] con los criminales. La gente les teme”.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un organismo creado por la ONU para apoyar la investigación de aparatos de seguridad clandestinos que trabajan con el apoyo (directo o indirecto) del Estado. Opera como una fiscalía internacional bajo las leyes guatemaltecas. Para explicar las dificultades de las instituciones en encarar la violencia, el comisionado, Francisco Dall’Anese Ruiz, cuenta esto: “En Guatemala se pagan muy pocos impuestos, no hay dinero para nada. Los salarios de los policías son muy bajos. En muchos casos, la policía estaba implicada en el crimen”. O esto: “Hay zonas muy difíciles de controlar frente al narco, como Petén, fronteriza con México y muy grande. El representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Guatemala fue a hacer una visita el año pasado a esa región. Unos narcos le pararon y le pidieron que se identificara para decidir si le dejaban entrar”.

Junto a Petén, hay otras dos regiones que constituyen puntos estratégicos en el viaje de la droga hacia EE UU. Atlántida (en Mosquitia, Honduras) y Sonsonate (costa pacífica de El Salvador). Los tres enclaves registran niveles de asesinatos que superan el ya alto promedio regional.

Pese a la negrura del panorama, hay espacio para el moderado optimismo. Dall’Anese asegura que en 2011, en Guatemala, “el número de homicidios no ha aumentado, se ha mantenido. No es consolador, pero es un avance”. Cita como ejemplos que “el ministerio público ha actuado con mayor rapidez y ha logrado más arrestos y la Fiscalía General del Estado ha ejercido un liderazgo clave”. El mayor reto es desterrar la impunidad: en 2010, en Guatemala, hubo solo 3,5 condenas por cada 100 homicidios.

 

 / , Madrid, 19 febrero del 2012

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Un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado por el control de un penal del norteño estado de Nuevo León dejó 44 muertos, informaron las autoridades mexicanas.

La reyerta se produjo esta madrugada en el dormitorio D entre miembros de grupos rivales del penal de Apodaca, informó el portavoz de Seguridad del Gobierno estatal, Jorge Domene.

La misma fuente añadió que las 44 muertes se produjeron por objetos punzantes y cortantes, piedras y barrotes y aseguró que la reyerta se debió a un enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia organizada, entre los que mencionó a los “zetas” y a los “golfos”.

El portavoz precisó que todos los muertos son reos del dormitorio “Delta” o “D” y que el choque fue provocado por internos del dormitorio “C”, por lo que se está investigando cómo pudo llegar este grupo hasta el dormitorio del otro sector.

La fuente agregó que todos los guardias que estaban de servicio han sido detenidos y se les está investigando, incluido el jefe de seguridad del penal.

La misma fuente añadió que las primeras investigaciones apuntan a que había un complot con los guardias.

Durante la reyerta se escucharon detonaciones de armas de fuego, pero las autoridades aún desconocen si éstas fueron disparadas por los guardias o por los presos.

A las puertas del penal se acercaron unos 400 familiares de los presos para pedir información.

Versiones de unas 40 esposas de reos, que salieron durante la madrugada de su visita conyugal, señalan que en el enfrentamiento se utilizaron piedras, palos, armas blancas e incluso se oyeron tiros y hasta una explosión.

Las mujeres también afirmaron que al penal entraron hombres armados.

Los familiares aseguraron que el centro penitenciario está en manos del grupo de los Zetas, un grupo de exmilitares que fue originalmente el brazo armado del cartel del Golfo y del que se separó para disputar el control de los negocios ilícitos.

El centro penitenciario de Apodaca se encuentra a unos 22 kilómetros de Monterrey, capital de Nuevo León, y la carretera se encuentra cerrada al paso de los vehículos.

Las fuerzas estatales, federales y militares tomaron esta mañana el control de la cárcel incluso con un helicóptero, y el gobierno de Nuevo León instaló un punto para atender a los familiares de los internos.

Esta prisión es de mediana seguridad y cuenta con alrededor de 3.000 internos, una cifra que rebasa en un 30% su capacidad, como suele suceder en la mayoría de los centros de reclusión en México.

Esta pelea es la que mayor número de víctimas ha provocado en los últimos años en un penal mexicano. En enero pasado otra reyerta registrada en un centro penitenciario del norteño estado de Tamaulipas provocó la muerte de 31 presos.

La lucha del Gobierno contra los grupos criminales, principalmente del narcotráfico, y la disputa entre éstos por las principales rutas de la droga, ha dejado más de 47.500 muertos en los últimos cinco años en el país.

 

* EFE, Monterrey-Mexico, 20 Febrero del 2012

 

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México es escenario de otra tragedia carcelaria

(Redacción, BBC Mundo,   Domingo, 19 de febrero de 2012)

Familiares de los presos en la cárcel de ApodacaUnas 400 personas esperan ansiosamente noticias en la entrada de la cárcel de Apodaca, donde no se ha identificado a los fallecidos.

Mientras el mundo sigue con horror la noticia del incendio de una cárcel en Honduras, una nueva tragedia causó víctimas mortales, esta vez en México.

Por lo menos 44 personas perdieron la vida en una pelea en la cárcel de Apodaca, en las afueras de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, en el norte de México.

La cifra original era de 20 y después aumentó a 38.

Funcionarios de seguridad indicaron que miembros de carteles de narcotraficantes rivales se enfrentaron con piedras y armas caseras. Algunas víctimas fueron estranguladas.

Un vocero del gobierno de Nuevo León dijo que el incidente se produjo por la riña entre presos de diferentes bandas criminales.

Nuevo León, en la frontera con Estados Unidos, es uno de los territorios más disputados por los carteles de la droga, explicó el corresponsal de BBC Mundo en México, Ignacio de los Reyes.

Y en los últimos dos años ha sido escenario de una cruenta batalla entre el cartel de El Golfo y el grupo de Los Zetas.

Familliares forcejean con guardiasFamilliares de los presos trataron de entrar a la fuerza a la cárcel. Se dijo que algunos guardias estuvieron involucrados en la violencia.

El portavoz de seguridad de Nuevo León, Jorge Domene, atribuyó este incidente a dichos grupos, que se disputan brutalmente el control de las rutas del narcotráfico a EE.UU.

Un hecho tristemente común

No es la primera vez que se produce un motín mortal en este estado. Apenas en octubre, siete personas murieron cuando los internos de una parte de la prisión de Cadereyta se enfrentaron a los de otro pabellón.

Los hechos de este domingo en Apodaca se producen sólo unos días después de la tragedia en el penal de Comayagua, en Honduras, donde 356 presos murieron en el peor incendio registrado en una cárcel en una década.

Esos hechos recordaron las precarias condiciones de las penitenciarías de Centroamérica.

Superpoblación en cárceles de México y Centroamérica

  Porcentaje de hacinamiento Capacidad carcelaria Ocupación real
México 137% 167.434 229.426
El Salvador 253,5% 9.060 24.283
Panamá 171% 7.187 12.293
Guatemala 159% 6.974 11.140
Honduras 137,9% 8.230 11.846
Costa Rica 122% 8.536 10.455
Nicaragua 111% 5.446 6.060

Pero las riñas, evasiones masivas, motines y escándalos por corrupción en cárceles son también comunes en México.

En algunos casos, las autoridades han reconocido la infiltración del crimen organizado en la propia dirección de muchas cárceles, que han llegado a ser usadas por carteles del narcotráfico para esconder a secuestrados.

“Estamos hablando de sectores en los que hay celdas para ocho personas en las que hay hasta 30, 40 reclusos. En esas condiciones las autoridades apenas pueden entrar de manera segura. Ahí se vive de manera inhumana y se muere de manera inhumana”

José Luis Sanz, periodista de El Faro de El Salvador

Además, una de las principales deficiencias de las cárceles de México es su situación de superpoblación, hasta el punto de poner en jaque la propia seguridad de los penales, dijo De los Reyes.

El promedio de ocupación carcelaria en México es de 137%, según los expertos. Pero al déficit de plazas en las cárceles se suman otros problemas, como la corrupción y el descontrol de algunas prisiones.

Y organizaciones de derechos humanos han advertido a las instituciones penitenciarias que el hacinamiento y el deterioro de las condiciones de vida en algunos centros suponen una seria violación a estos derechos de la población carcelaria.

La espera desespera

Está en marcha una investigación para establecer si alguno de los guardias de la cárcel colaboró con la disputa al abrir las puertas que separan dos pabellones de la prisión.

Se dijo que los reclusos obligaron o sobornaron a varios guardias para que abrieran las puertas.

Los familiares de los presos están desesperadosLa tragedia en la cárcel de Apodaca refleja la lucha entre los carteles de la droga en México.

Al parecer, se registró un pequeño incendio luego de que los reos quemaran parte de sus pertenencias, que podría haber tenido consecuencias catastróficas, como en el caso de Honduras.

Las autoridades todavía no han revelado los nombres de los fallecidos, pero alrededor del penal hay unos 400 familiares de los reos, ansiosos por conocer la verdad.

Varios de ellos forcejearon con los guardias y trataron de ingresar a la fuerza, empujando la cerca metálica.

Domene les pidió paciencia, diciendo que la cárcel tiene más de 3.000 reclusos y que deben asegurar que estén bien. La capacidad de la penitenciaría, sin embargo, es de solo 1.500.

Hace poco más de un mes, el 4 de enero de este año, 31 personas murieron durante una pelea entre presos en la cárcel de Altamira, en el estado de Tamaulipas.

 

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